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| Photography: Juan Castro Bekios |
“En varios países, el patrón de crecimiento institucional es tan
pronunciado que uno se pregunta si estamos ingresando a una nueva etapa en el
uso de la cárcel.
Cuando nos hacemos esta pregunta, debemos advertir inmediatamente que
pronosticar una novedad institucional es un asunto peligroso. La historia de
las instituciones está llena de ejemplos de predicciones que resultaron falsas.
Un ejemplo es el desarrollo de las cárceles en Noruega en el siglo XLX.
Como consecuencia del pasaje del castigo corporal a la cárcel,
hacia fines de 1700, se produjo un incremento espectacular en las poblaciones
carcelarias durante la primera parte del siglo XIX. Las autoridades
responsables, previendo un aumento continuo, estaban sumamente preocupadas y
lanzaron un amplio programa de construcción durante la década de 1840. Pero
después de mediados de la década de 1840, las cifras volvieron a caer
significativamente y siguieron así hasta 1900. A partir de entonces, los
números se mantuvieron bastante estables durante muchas décadas, de hecho,
durante la mayor parte del siglo.
Sin embargo, y como veremos un poco más adelante, el concepto de
"etapas", y la posibilidad de que estemos ingresando en una nueva
etapa del desarrollo penal, puede ser presentado con provecho sin que implique
que las cifras carcelarias continuarán aumentando más o menos indefinidamente. Es
posible formular la hipótesis de que se podría dar una nueva etapa de
desarrollo en un sentido sociológico y con independencia de las dificultades
propias de un pronóstico.
El desarrollo anterior de las instituciones
penales occidentales, y el crecimiento de éstas, pueden ser vistos en términos
de dos etapas principales.
La primera fue el 1600, etapa a la cual ya
nos hemos referido. Muchos estudios han sido publicados acerca de este período
particular de la historia institucional (entre ellos Rusche y Kirchheimer,
1939; Colé, 1939; Sellin, 1944; Foucault, 1967; Wilson, 1969; Olaussen, 1976;
Mathiesen, 1977). Esta fue la etapa del primer surgimiento de la
"solución" institucional a los problemas sociales. La población
carcelaria estaba constituida no sólo por criminales sino también por una gran
variedad de mendigos sin ocupación y vagabundos. La institucionalización no
suplantó el castigo físico, sino que aparentemente lo agravó.
A partir de la obra clásica de Rusche y
Kirchheimer, en la cual se subrayaba la importancia de las variaciones en el mercado
laboral como una causal, se generó un gran debate sobre la causa del
surgimiento de las instituciones durante el s. XVII. No enfocaremos
detalladamente este debate porque es muy conocido. Los lectores que no estén
familiarizados con él pueden consultar las obras mencionadas anteriormente.
Para nuestros propósitos basta elegir brevemente dos puntos.
En primer lugar, las instituciones que
experimentaron un crecimiento tan rápido y espectacular hacia fines del s. XVI
y durante el XVII -los llamados hópital en Francia, zuchthausern en Alemania,
tuichthuisen en Holanda, correctiond houses en Inglaterra y tukhus en la
periferia noruega cien años después-
fueron en gran medida instituciones de trabajos forzados. Los trabajos,
seleccionados sobre la base de consideraciones de mercado y realizados de la
forma más redituable posible, constituyeron un centro importante de la vida
institucional: el tejido en Francia (Colé, 1939), cepillado de madera en
Holanda (Sellin, 1944), y otras.
En segundo lugar, el énfasis en el trabajo
lucrativo no constituía necesariamente la "causa" del surgimiento de
las instituciones. El estudio de la "causalidad" presupone el
conocimiento de la motivación subjetiva de los agentes relevantes o de la
definición de la situación. Esa motivación o experiencia subjetiva puede estar
conformada por una serie de factores. Ahora bien, dicha motivación es, en sí
misma, condición necesaria para comprender el "por qué" de cambios
políticos drásticos tales como la fundación de instituciones a gran escala en
todo un continente.
A pesar de que existieron variaciones, un
ingente material histórico (resumido en Mathiesen, 1977) sugiere que la
motivación principal de los partidarios de un modelo de estado mercantilista,
tanto franceses como británicos e incluso holandeses del s. XVII, fue la
candente cuestión de los vagabundos en las ciudades y pueblos europeos.
Después de la ruptura del orden social feudal
basado en la posesión de la tierra, en los siglos XVI y XVII se observa en Europa
una tendencia a la superpoblación. Una gran parte de esa masa estaba
constituida por mendigos y vagabundos en general (para cifras estimativas cf.
Wilson, 1969: 125; Colé, 1939: 264, 270).
Los vagabundos constituían un elemento
altamente molesto y perturbador para la producción mercantil y el comercio. El
control de éstos, por lo tanto, se convirtió en un problema político que no
admitía dilación. Las cifras eran demasiado grandes como para que los
anticuados métodos penales fueran efectivos y la redada masiva y posterior
encarcelamiento a gran escala se transformó en la solución. Una vez
institucionalizado este método, no sorprende que los mendigos y vagabundos fuesen
forzados a trabajar, y en tareas que arrojasen el mayor rédito posible. Esto
estaba en un todo de acuerdo con la filosofía económica mercantilista.
En suma, la primera etapa del desarrollo
institucional tuvo como antecedente, en cuanto a sus motivaciones, disciplinar estos
nuevos grupos altamente perturbadores. La segunda etapa del desarrollo se
produjo hacia fines del siglo XVIII y comienzos del XIX. Nuevamente, el
fenómeno alcanzó dimensiones europeas. Esta fue la época de la diferenciación
de los delincuentes, y su confinamiento en verdaderas cárceles en el sentido
moderno. Fue el tiempo en el cual la "solución" institucional realmente
suplantó el castigo físico.
Mucho se ha escrito sobre las instituciones
del s. XIX (Rusche y Kirchheimer, 1939, cap. 8; Foucault, 1977; Melossi y
Pavarini, 1981). En términos de contenido ideológico, lo esencial, al menos en
Europa, era la penitencia piadosa en el contexto de un aislamiento radical. Con
este fin se construyó un gran número de nuevas penitenciarías. ¿Qué
motivaciones había detrás de esta novedad? La cuestión es a todas luces compleja,
pero se puede aventurar la siguiente hipótesis.
Para ese entonces, los grandes países
europeos estaban ingresando a un nuevo modo de producción: el verdaderamente capitalista.
Se estaba gestando una clase obrera formalmente libre. Pero era una clase
obrera empobrecida, indigente. El delito tenía su raíz verdadera en la pobreza
material.
Los métodos penales de violencia física de
los tiempos anteriores podrían haber sido utilizados en teoría contra los
delitos de la nueva clase. Pero el castigo físico no podía armonizar
sensatamente con el nuevo tipo de disciplina -"la disciplina de la línea
de montaje"- que se estaba desarrollando en la economía, y que se requería
en la producción. Parecía no tener sentido mutilar tremenda y arbitrariamente
al reo cuando en realidad había que adaptarlo a tipos de trabajo normado,
meticuloso y detallado, necesario por entonces en la producción.
Sobre este trasfondo, las nuevas cárceles
verdaderamente disciplinarias -las penitenciarías tan bien descriptas por
Foucault-se alzaron como principal método para tener a raya a los delincuentes
empobrecidos de la nueva clase obrera. De este modo, la segunda etapa del desarrollo
institucional contemplaba también, entre sus motivaciones, disciplinar estos nuevos
grupos: los descarriados de la clase obrera en formación.
Teniendo en cuenta este antecedente, podemos
volver a nuestra pregunta original: ¿estamos ingresando hoy a una tercera etapa
de desarrollo institucional? Tres importantes puntos de desarrollo sugieren que
sí.
En primer lugar, el incremento en el largo
plazo de las poblaciones carcelarias. Incrementos similares caracterizaron las
dos etapas anteriores. Como ya se señaló, el aumento actual puede estabilizarse
o incluso invertir su tendencia más adelante, debido a nuevas condiciones
históricas. Pero como ya lo hemos expuesto, los aumentos producidos en los
siglos XVII y XIX se vieron sujetos a un proceso similar. El concepto de
"etapa" como lo usamos aquí no implica que el encarcelamiento alcanza,
una meseta nueva y más alta que en las etapas anteriores, a pesar de que este
fenómeno haya sido sugerido como posibilidad para el caso de algunos países
(EE.UU., ver Austin y Krisberg, 1985). El concepto de "etapa" sólo
implica que se da un incremento drástico y a largo plazo.
En segundo lugar, la solución institucional
como componente de la política criminal se torna cada vez más relevante. Hoy
esa mayor relevancia se refleja en programas de construcción considerables o
enormes en varios países, y en la expansión general de los sistemas carcelarios
en cuestión. Una similar relevancia de las instituciones, incluyendo programas de
construcción semejantes, caracterizó los siglos XVII y XIX. Tanto entonces como
ahora, la solución institucional se transformó en un factor mucho más central
en el sistema sancionatorio.
En tercer lugar, las autoridades responsables parten de la suposición de que
existe una mayor necesidad de imponer disciplina en importantes segmentos y
grupos de la sociedad. Esto se refleja en la confianza, significativamente
mayor, que se deposita en una legislación más dura que implique cárcel y/o
condenas privativas de libertad más prolongadas, en parte para nuevos grupos
tales como delincuentes vinculados con las drogas, en parte en un sentido más
general. Como lo hemos sugerido, una supuesta mayor necesidad de disciplina fue
probablemente un factor motivador importante también en los siglos XVII y XIX. Podemos
explayarnos brevemente en este último punto, llegando con nuestro enfoque hasta
fines del siglo pasado.
Como punto de partida, los legisladores y los
tribunales pueden ser considerados como "barómetros de ansiedad", es decir,
instituciones cuyas decisiones operan como indicadores del nivel de ansiedad de
la sociedad. (El término "barómetro de ansiedad" se toma de Box y
Hale, 1982, 1985, pero lo utiliza independientemente.)
Nuestra época está llena de signos
inquietantes. Algunos de estos están muy cerca de nosotros y son, por lo tanto,
observables. En muchos países occidentales encontramos ejemplos de tales
signos: protestas políticas, conflictos entre inmigrantes y otros sectores de
la población y estancamiento -o incluso disolución- de servicios sociales y de
sistemas de apoyo que pocos años atrás se consideraban sólidamente
establecidos.
Los medios masivos de comunicación reflejan
otros signos preocupantes: aumento de la violencia (a pesar de que los delitos violentos
han ido en lento incremento, y de que la gran mayoría de ellos son de un tipo
menos grave); aumento en el uso de drogas (a pesar de que el uso de drogas -al
menos en el contexto noruego- se ha estancado, y de que el uso intensivo se
limita a pocos; ver Hauge, 1982; Christie y Bruun, 1985), etc. Con su tendencia
a focalizar el drama en personas concretas, los medios tienen un importante
efecto magnificador de las realidades involucradas en estos temas. Los
verdaderos conflictos y los problemas magnificados por los medios producen una "crisis
de legitimación". Esta puede definirse como una mayor o menor pérdida de
confianza por parte de la gente en general respecto de los intentos que hace el
estado para solucionar un problema y en sus acciones dirigidas a la
gente."
Diría que "debajo" de la crisis de
legitimidad encontramos la crisis económica: el último estancamiento económico
capitalista de fines del siglo XX, ligado a un desempleo persistente y muy
alto. Pero para la gente la crisis aparece como una cuestión de confianza en la
resolución del problema -en un sentido amplio- por parte del estado.
En diversos países occidentales existen
probablemente grandes variaciones en cuanto al grado de la crisis de
legitimación. Esta crisis parece ser amplia y profundamente sentida en el
contexto británico (Hall et al, 1978). Quizás sea menos extensa y no tan aguda
en una sociedad como la noruega, que deposita una mayor confianza en las
soluciones estatales comunes a todos. Pero ciertamente la cuestión de la
confianza está también presente.
La crisis de legitimidad se refleja en el
proceso de toma de decisiones en los cuerpos legislativos y en los tribunales.
Más precisamente, en ambas instituciones la crisis de legitimidad se percibe
como una nueva y mayor necesidad de disciplina en determinados segmentos y
grupos de la población. Dicho en otros términos, cuando comienza a perderse la
confianza en los organismos públicos y depositarios de la autoridad, a ojos de
los legisladores y los tribunales dicho fracaso plantea una mayor necesidad de
disciplina. La definición de la situación por parte de los legisladores y los
tribunales constituye un nexo entre factores externos e influyentes: por una
parte, los conflictos reales y los problemas creados por los medios y, por otra,
el crecimiento del sistema carcelario. Cuando los legisladores y jueces
experimentan la situación de esta manera, dicha experiencia acarrea
consecuencias en la práctica y el desarrollo penal (Box y Hale, 1982).}
En la exposición anterior hemos enfocado el
desarrollo del sistema penal en un contexto sociológico. Pero el desarrollo vertiginoso
de la solución carcelaria implica, ciertamente, una cuestión de valores:
¿Deseamos tener ese desarrollo vertiginoso? ¿Queremos una sociedad que confía
cada vez más en el uso de la cárcel como método principal de resolución de
conflictos? La cuestión de los valores reviste una importancia decisiva.
En primer lugar, es importante para el número
cada vez mayor de personas -en Inglaterra, una de cada mil; en EE.UU., entre
tres y cuatro de cada mil- que está en la cárcel en un momento dado, sometido
al aislamiento, al rechazo, a las privaciones y a la sensación de lo absurdo.
En segundo lugar, es importante para el clima
político y la vida de la sociedad. El mayor recurso a la solución carcelaria implica
un cambio significativo en los métodos tradicionales de control. Implica una
utilización más frecuente de la represión física total en segmentos
significativos de la población.
En tercer lugar, la cuestión de los valores
es importante en un sentido cultural más amplio. El uso de la fuerza física a través
de la cárcel indica que la violencia es un método adecuado para la resolución
de conflictos en la sociedad. Un aumento significativo en el empleo de fuerza
física fortalecerá esa señal, lo que traerá aparejado efectos de amplio alcance
en nuestras normas y en nuestra manera de comprender a otros seres humanos.
Escribo este libro como un intento de enfocar
seriamente la cuestión de los valores. Lo escribo como un intento de contribuir
al equilibrio y a la inversión de la principal tendencia contemporánea. Lo
escribo como un intento de contribuir a la reducción -quizás abolición- de la
solución carcelaria.
Como ya indiqué, resulta provechoso
considerar la secuencia de desarrollo, en términos de crecimiento y posibles etapas,
partiendo del campo de amplias corrientes económicas y sociales: la ruptura del
orden social feudal en los siglos XVI y XVII; el nuevo modo de producción antes
y durante el siglo XIX; una creciente crisis de legitimidad, fundada en motivos
económicos, hacia fines del siglo XX.
Ahora bien, estas fuerzas crean conflictos y
plantean temas que se perciben y son tratados como asuntos de disciplina. Pero
esto no implica que el desarrollo institucional esté predeterminado, que sea
inevitable e imposible de alterar mediante una acción política concertada y
constante.
Mi aporte es modesto: consiste en una
recopilación de argumentos. En los capítulos siguientes, trataré con bastante detalle
los argumentos habituales utilizados por aquellos que sostienen la solución
carcelaria. Confrontaré esos argumentos con teoría y una amplia gama de pruebas
empíricas, y frente a cada argumento formularé la siguiente pregunta: ¿Es
defendible la cárcel con estos argumentos?
No seré especialmente original cuando trate
los distintos argumentos a favor de la cárcel, y cuando los confronte con teorías
y pruebas. Confiaré en mi propia investigación, pero también, y mucho, en el
trabajo de otros. Hasta ahora, sin embargo, gran parte del tratamiento de estos
temas se encuentra disperso en la literatura criminológica y sociológica. Debido
a esta dispersión, las diversas partes de la discusión tienen poca o ninguna
incidencia en la política, y permanecen como secreto a medias de los
especialistas en criminología y sociología. Creo que mi tarea consiste en
reunir lo disperso, y así, de manera abarcadora y sistemática, evaluar la
cárcel como modo de castigo en nuestra sociedad.
Al brindar este aporte, al evaluar de este
modo, estoy suponiendo que la racionalidad comunicativa –considerando "racionalidad" como argumentación
sensata y convincente en lugar de métodos eficientes para alcanzar determinados
fines puede tener efectos políticos y constituye aún una posibilidad política
en sociedades como la nuestra.
Ciertamente gran
parte de la sociología y de la criminología se oponen a un supuesto como este.
Es revelador que mucho de lo que se sabe sobre los sistemas de comunicación de
la sociedad moderna comparta también esta oposición. La toma de decisiones
políticas en nuestra sociedad dista de ser algo propio de un
"seminario".
No obstante, hago
esa suposición, convencido de que no debe dejar de hacerse ni de intentarse. A
ello agrego, de mi parte, la firme fe en la práctica política ligada a la
argumentación.
Quizás mi fe en la
racionalidad comunicativa en el área de la política penal surja del hecho de
vivir y trabajar en una sociedad muy pequeña en la periferia de Europa, donde
todavía se respetan los argumentos. Si los argumentos tienen mayor cabida en
una sociedad como la mencionada y no tanto en los grandes países occidentales,
quizás estos últimos puedan aprender de los primeros gracias a un libro como el
presente.”[1]
[1] Juicio a la Prisión, Thomas
Mathiesen, Editorial Ediar, primera edición, Buenos Aires, 2003, pp. 47 a 55.
