 |
| EDUARDO NOVOA MONREAL |
EDUARDO NOVOA MONREAL
Destacado jurista
chileno, fallecido en
febrero de 2006.
Justicia de clase, artículo publicado en la revista Mensaje, número 187,
Santiago, marzo-abril de 1970.
Hoy destacamos las reflexiones expuestas en su artículo "Justicia de clase", que a pesar del paso del tiempo, no deben dejarnos indiferente su vigencia para las actuales generaciones.
Hoy destacamos las reflexiones expuestas en su artículo "Justicia de clase", que a pesar del paso del tiempo, no deben dejarnos indiferente su vigencia para las actuales generaciones.
JUSTICIA DE CLASE*
Cada día se extiende más la imputación de que en Chile se administra una justicia de clase. Esto significa atribuir a los jueces[1] una concepción unilateral de la justicia –puesto que la concebirían únicamente como aquello que es útil para el sostenimiento del status social vigente– y a la vez coloca a los tribunales en abierto antagonismo con todos los sectores, cada vez más amplios, que creen indispensables profundos cambios sociales. En la práctica, esto conduciría, además, a sostener que la justicia actúa al servicio de la clase dominante y que interpreta y aplica la ley con miras a favorecer a los grupos sociales que disfrutan del régimen económico-social vigente, en desmedro de los trabajadores, que constituyen en el país la más amplia mayoría.
Esta imputación, sostenida antes solamente por los partidos políticos de la extrema izquierda[2], se propaga hoy a muchas organizaciones de trabajadores[3] y empieza a cundir aun en sectores políticos situados más al centro[4].
Pero ella es rotundamente negada en las altas jerarquías del Poder Judicial. En su reciente discurso de Apertura del Año Judicial, el 1º de marzo último, el señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia tuvo frases como las que siguen: "Se acusa a la, Corte Suprema de no estar en armonía con los tiempos actuales, de mantener un criterio que ya hizo época... pero los que así proceden ignoran lo que es el derecho y la justicia...". Y agregó: "es absurdo decir que la justicia entre nosotros es una justicia de clase... ella es simplemente aplicados de las leyes que rigen en la República...".
El propósito de este artículo es proporcionar una información objetiva que permita a cada cual formarse su propia opinión sobre el punto. Para este fin se examinará una treintena de los principales fallos de la justicia chilena en cuyo sentido es dable apreciar el criterio con que los tribunales superiores enfocan su misión. Esos fallos emanan, en su casi totalidad, de la Corte Suprema de Chile[5].
UNA PRIMERA IMPRESIÓN DE CONJUNTO
1969 fue un año turbulento para la vida chilena. Abundaron actos de exasperación en contra del "orden establecido" y de represión gubernativa. De ellos hubo amplia cuenta en la prensa y están frescos en la memoria de quienes los vivieron, por lo que no es necesario detallarlos.
Una rápida revisión de algunos fallos emitidos ese año por el más alto tribunal, arrojará, sin duda, elementos de juicio valiosos para los fines propuestos. Se trata de meras pinceladas introductorias, destinadas a esbozar el panorama que se irá diseñando más adelante en forma más ordenada y completa.
1. El 9 de marzo de 1969 fuerzas de Carabineros desalojaron violentamente, mediante una operación planeada de antemano, a un numeroso grupo de familias pobres que se habían instalado en un predio baldío y sin cercar, situado a corta distancia de Puerto Montt. Para este fin se usaron armas de fuego con profusión, causándose la muerte de nueve personas de variadas edades. Al término de los hechos solamente quedaron en el predio los escombros humeantes de las ligeras construcciones que allí habían levantado los pobladores y los cadáveres de los que perdieron la vida[6].
Se inició un proceso militar que ninguna responsabilidad estableció para las fuerzas policiales causantes de las muertes: En cambio, todavía perdura el proceso instaurado en contra del entonces regidor y hoy diputado Luis Espinoza, socialista, acusado de haber instigado la toma de los terrenos por los pobladores.
El Sr. Espinoza fue sometido a prisión cuando ya había sido elegido diputado del Congreso Nacional, lo que originó de su parte un recurso de amparo, pues el artículo 33 de la Constitución confiere inmunidad al parlamentario "desde el día de su elección", idea que repite, aclarándola meridianamente, el artículo 615 del Código de Procedimiento Penal. Según este precepto, el fuero parlamentario "se extiende a la persona que haya sido elegida Diputado o Senador, desde el día de su elección".
La Corte Suprema, en fallo de 17 de abril de 1969, negó lugar al recurso del parlamentario socialista, declarando que debía entenderse que la inmunidad rige solamente desde que el Tribunal Calificador de Elecciones proclama a los definitivamente elegidos, trámite que aún no estaba cumplido respecto del recurrente. Con ello admitió que se encarcelara al Diputado Espinoza sin desafuero.
No se ha conocido ningún acuerdo de la Corte Suprema destinado a disponer que se esclarecieran acuciosamente los sangrientos hechos que costaron la vida de tantas personas humildes.
2. El periodista serenense Raúl Pizarro inició a comienzos de 1969 una campaña periodística para develar abusos cometidos en contra de familias campesinas, de los que aparecería como uno de sus autores el Ministro de Corte Sr. Ruiz Aburto. Expresó en sus crónicas que se realizaba una persecución inhumana contra un grupo campesino; que se hacía detener a quienes denunciaban los abusos; que se había realizado una marcha pública de protesta por la actuación del magistrado, y que la Central Unica de Trabajadores pedía su salida del Poder Judicial. El periodista fue encargado reo por desacato al Ministro citado y dedujo recurso de amparo arguyendo que obraba lícitamente, en ejercicio del derecho de informar y de criticar que le compete por su profesión. La Corte Suprema, en sentencia de 22 de abril de 1969, declaró que lo publicado por el periodista eran "demasías verbales que, extralimitando el derecho de crítica e información, se convierten en maledicencia desprovista de objetivos serios y lícitos". En vista de ello, desechó el amparo y dejó constancia que lo conducente en caso semejante, era recurrir a la Corte Suprema para que ésta adoptara las medidas adecuadas para los malos funcionarios.
Posteriormente, la Cámara de Diputados aprobó una acusación constitucional en contra del Ministro Ruiz Aburto por los mismos motivos. Se tuvo por desechada la acusación en el Senado, pese a que la mayoría de los Senadores votaron acogiéndola, por no reunirse quórum constitucional. La Corte Suprema, después de esto, mantuvo en servicio al Ministro acusado y lo trasladó a otra Corte[7].
3. En la madrugada del 7 de junio de 1969 la Policía de Investigaciones allanó dependencias de la Universidad de Concepción, se incautó de documentos que encontró en su registro y detuvo a un numeroso grupo de estudiantes, los que posteriormente no fueron pasados a disposición del tribunal competente. Es de advertir que esa Universidad es tenida como de avanzada, especialmente por la tendencia mayoritaria de sus estudiantes. El hecho causó conmoción nacional, aun para aquellos que rechazaban una autonomía universitaria de carácter territorial. La protesta de las autoridades de la Universidad de Concepción, encabezadas por su Rector Sr. Edgardo Enríquez F., fue airada y se fundó en la circunstancia de haberse realizado el allanamiento con violación manifiesta de numerosos preceptos legales[8]. El Congreso Nacional se ocupó de la materia en sesión especial. La prensa más serena calificó el hecho como un vejamen y una torpeza [9].
Pese al revuelo ocasionado, no hubo acuerdo ni resolución alguna de la Corte Suprema, que tiene tuición disciplinaria no solamente sobre los tribunales que intervenían, sino también sobre los miembros del Servicio de Investigaciones.
Pero hubo más. La Universidad de Concepción decidió solicitar judicialmente que se repararan algunas de las violaciones legales perpetradas que aún era posible subsanar y pidió que se le diera copia autorizada de la resolución que ordenó el allanamiento (la que según el artículo 161 del Código de Procedimiento Penal debe ser entregada al dueño del lugar en que haya de practicarse la diligencia antes de proceder al registro) y del inventario de los bienes retirados por la policía (el que, conforme al artículo 166 del mismo Código, debe ser entregado en copia "al interesado que lo pida"). El tribunal de primera instancia, Ministro Sr. Roncagliolo, negó lugar a la petición y la Corte de Apelaciones de Concepción desechó la apelación de la Universidad, con el voto en contra, extenso y con sólidos fundamentos, del Ministro Sr. Hernández. Presentado recurso de queja a la Corte Suprema, para que ésta impusiera el respeto de la ley, el más alto tribunal se negó a oír el alegato del abogado de la Universidad que pidió ser escuchado, y con fecha 15 de septiembre de 1969, desechó de plano el recurso. Como si se tratara de materia obvia y sin importancia, indigna de merecer su atención y sin considerar para nada ni las expresas disposiciones legales que autorizaban lo pedido, ni las fundadas razones del Ministro Hernández, ni el prestigio de la entidad reclamante, la Corte Suprema puso fin a toda posibilidad de reclamo de la Universidad por las graves irregularidades producidas, sin siquiera escuchar los argumentos de su abogado.
Con esta breve introducción, pasamos al examen sistemático de otras sentencias que versan sobre materias que parecen reveladoras para el propósito de este análisis, a fin de que pueda conocerse el criterio que impera en las más altas resoluciones judiciales.
JUICIOS DEL TRABAJO
La legislación del trabajo fue dictada para dar protección al trabajador, que es la parte más débil en la relación jurídica laboral que constituye el contrato de trabajo. Antes de la dictación de las leyes del trabajo, la relación trabajador-empresario quedaba reglada por el viejo Código Civil, que supone una equivalencia de fuerzas y análoga libertad e independencia de decisión entre ambas partes contratantes. Esta equivalencia no existe, de hecho, pues el trabajador está compelido a aceptar finalmente las condiciones que quiera imponer el empresario, debido a que su falta de medios económicos constituye una presión que arrastra su voluntad.
Para que no quedara duda de su carácter protector del obrero o empleado, el Código del Trabajo en 1931 dispone, entre otras cosas, que los derechos otorgados por las leyes del trabajo son irrenunciables (artículo 665), puesto quede otro modo podría aprovecharse la necesidad del trabajador para hacerlo renunciara sus derechos, y que a la falta de contrato escrito de trabajo, se tendrán como estipulaciones de las partes las que declare el empleado (artículo 119).
Quiso el legislador que la aplicación de las leyes del trabajo quedara sustraída a los tribunales ordinarios de justicia, impregnados en el espíritu de la justicia conmutativa que establece la legislación civil que habitualmente aplican, y fuera entregada a tribunales especiales, formados en los principios de la justicia social y más aptos para comprender que la equidad exige una actitud protectora hacia el asalariado, como medio de compensar su debilidad frente al poder empresarial. Se crearon por ello los Tribunales del Trabajo, con una organización y constitución diversas de las que rigen para la justicia ordinaria.
Para asegurar este ámbito independiente de actuación para estos tribunales especializados, se dispuso expresamente que "contra las sentencias de las Cortes del Trabajo no procederá recurso alguno" (artículo 573 del Código del Trabajo).
Posteriormente, la ley 5.158, de 1933, ordenó hacer extensiva a los Tribunales del Trabajo la jurisdicción directiva, correccional y económica que la Constitución asigna a la Corte Suprema sobre todos los tribunales. Nótese que la facultad conferida a la Corte Suprema quedó limitada a los aspectos señalados y no destruye en forma alguna la voluntad del legislador de que ella no deje' de revisar las decisiones adoptadas por la justicia del trabajo; solamente está facultada para impartir normas sobre funcionamiento, régimen interno, distribución de tiempo, forma de asistencia y control (facultades directiva y económica) e imponer sanciones disciplinarias, censurando o sancionando a los funcionarios que faltan a sus deberes o incurren en abusos funcionarios (facultad correccional). Sin embargo, extralimitando sus facultades, la Corte Suprema revisa cada año centenares de sentencias de los Tribunales del Trabajo y las modifica o revoca a voluntad, olvidando que la ley quiso sustraerle esa clase de materias[10]. El hecho es tanto más grave cuanto que estas modificaciones o revocaciones las realiza tan sólo reformando las sentencias y sin aplicar medidas disciplinarias a los magistrados que habían resuelto con otro criterio (lo que por sí solo demuestra que éstos no incurrieron en real falta o abuso funcionarios) y, además, sin que en la Corte Suprema haya ni un solo especialista en legislación laboral[11].
Innecesario es agregar que el criterio que la Corte Suprema impone en la decisión de asuntos laborales se aparta del sentido que el legislador concibió para esta jurisdicción especializada.
Basta examinar un conjunto apreciable de sentencias de tribunales del trabajo, que son reformadas por la Corte Suprema, para advertir las consecuencias que esta intervención tiene para los trabajadores. Así, en los años 1967, 1968 y 1969 la Corte Suprema acogió 83 recursos de queja contra la Corte del Trabajo de Santiago (la más importante del país); de ellos, 75 correspondían a recursos deducidos por los patrones (el 90,4%) y solamente 8 correspondían a recursos entablados por los trabajadores (el 9,6%).
Esta intervención de la Corte Suprema tiene, además, otro efecto. Como se conoce el criterio de dicha Corte, la mayor parte de los recursos de queja que se interponen ante ella provienen de empresarios o patrones (hubo 412 recursos patronales fallados por la Suprema que versaban sobre sentencias de la Corte del Trabajo de Santiago durante el período 1967-1969); rara vez los trabajadores acuden al más alto tribunal en demanda de justicia (127 quejas de trabajadores en análogas circunstancias)[12].
Con estos antecedentes nadie puede extrañarse que los dirigentes sindicales que defienden con energía los derechos de sus compañeros sean desaforados, que los beneficios legales establecidos para los trabajadores sean mermados y que los derechos de éstos sean, muchas veces, desconocidos.
En la absoluta imposibilidad de dar cuenta de los centenares de sentencias de la Corte Suprema que resuelven materias laborales (sin que la ley le permita hacerlo, según se vio), presentaremos algunos pocos casos a guisa de ejemplo.
4. Las leyes 16.250 y 16.270 iniciaron en Chile la protección a la estabilidad del trabajador en su empleo. Una empleada del estudio profesional de don Arturo Alessandri R., demandó a éste ante los tribunales del trabajo por haber sido despedida de su cargo sin motivo justificado, invocando en su apoyo esas leyes. El Sr. Alessandri pidió a la Corte Suprema que declarara inaplicables los preceptos correspondientes, en cuanto disponían una subida multa para quienes habían despedido dependientes en un lapso de sesenta días anteriores a la ley, sosteniendo que el art. 11 de la Constitución prohibía la aplicación retroactiva de penas. La Corte Suprema, con fecha 27 de diciembre de 1965, por mayoría de votos, acogió ese recurso y declaró que no se podían imponer en ese caso las sanciones legales previstas, desoyendo las fundadas e irrefutables argumentaciones de una minoría que demostró que la Constitución solamente dispone irretroactividad para la ley penal, esto es, la que reprime delitos, pero no para las leyes sancionatorias administrativas.
5. El personal de la orquesta de una boite nocturna se había declarado en huelga legal, lo que le daba derecho a mantener suspendidas sus labores. Como el empresario mantenía abierto al público el establecimiento haciendo tocar en él música grabada, se acercó allí un inspector del Trabajo para hacer respetar el derecho de los huelguistas, amparado por un dictamen de la Dirección del Trabajo que establecía que no podía tocarse, en tal caso, música grabada. El empresario se negó siquiera a recibir al Inspector y le mandó decir que no lo recibiría ni pararía la música y que podía aplicarle todas las multas que quisiera. Denunciado el hecho al Juzgado del Trabajo, éste aplicó una multa al empresario, por entrabar las facultades fiscalizadoras del Inspector; la Corte del Trabajo ratificó esa multa. Pero el empresario acudió a la Corte Suprema y ésta, en sentencia de 24 de abril de 1969, declaró que consideraba un "abuso notable" sancionar a ese empresario, agregando, además, que no vulneraba el derecho de huelga de los músicos el reemplazar su labor con medios mecánicos equivalentes.
6. Un empleado que sirvió 25 años en el Club de la Unión en la actividad de mozo encargado de servir las comidas a los socios, fue despedido por la institución empleadora sin motivo legal y sin otro desahucio que el de 30 días de sueldo. Habiendo reclamado el empleado el derecho de innamovilidad que concede a los trabajadores la ley 16.455, obtuvo que su reclamo fuera acogido sucesivamente por el Juzgado y la Corte del Trabajo respectivos. Acudió, entonces, el Club empleador a la Corte Suprema y ésta, por mayoría de votos, declaro con fecha 14 de mayo de 1968, que se podía remover al empleado sin las indemnizaciones (de un mes de sueldo por cada año de servicios) previstas en la ley citada, porque era un "empleado doméstico". A los empleados domésticos no alcanzan los beneficios de la ley 16.455, pero solamente pueden tenerse por tales los que atienden labores permanentes propias de un hogar y no a los que trabajan para una institución como el Club de la Unión[13]. Es importante hacer resaltar que a través de sucesivos fallos de la Corte Suprema, la ley de inamovilidad del empleo ha perdido en gran parte su efectividad.
7. En junio de 1945 se produjo en Sewell, una de las más grandes catástrofes industriales chilenas; perdieron entonces la vida más de un centenar de trabajadores. Tiempo después se dictó la ley 8.572, que concedió una indemnización especial a las viudas y huérfanos de los fallecidos. La Empresa Braden Copper quiso atacar por inconstitucional esa ley, para liberarse del pago y procedió en la forma que va a expresarse.
Antes que ninguna de las 165 viudas y 510 huérfanos favorecidos por la ley hubiera alcanzado a iniciar su gestión de cobro, ante un Juzgado de Santiago, apareció demandando a la empresa una tal Clarisa Díaz, que decía ser una de las viudas, pero que no indicó ni un domicilio preciso ni acompañó documentos que demostraran su calidad. Dentro de este juicio la empresa norteamericana dedujo recurso de inaplicabilidad de la ley 8.572 ante la Corte Suprema. Recibió toda clase de facilidades de parte de doña Clarisa Díaz para que el recurso se tramitara y se ganara lo antes posible, y la Corte Suprema declaró inconstitucional dicha ley de 12 de mayo de 1947.
Posteriormente, una institución femenina nacional denunció a la Corte Suprema que ese juicio había sido un juicio tramitado por la empresa en colusión con personas que se prestaron para permitirle a ella obtener un fallo que sentara jurisprudencia, a fin de detener posteriormente los cobros que las auténticas favorecidas por la ley quisieran entablar. La denunciante proporcionó numerosos antecedentes comprobatorios de tan grave afirmación. La Corte Suprema ordenó archivar esta denuncia, con fecha 26 de julio de 1947, considerando que no valía la pena preocuparse de ella.
LEYES DE ARRENDAMIENTO
Desde 1941 vienen dictándose en Chile sucesivas leyes que tienen por fin defender los intereses de los arrendatarios de viviendas, considerados como la parte más débil en la relación jurídica arrendador (propietario) –arrendatario. Se trata de leyes de claro sentido social destinadas a señalar un máximo a las rentas de arrendamiento que pueden cobrarse, máximo que se fija en relación con el avalúo fiscal del inmueble, y asegurar la efectiva aplicación de tales rentas máximas. Como sucede en leyes de esta especie, se declaran irrenunciables los derechos por ella conferidos (artículo 9 de la Ley 11622) y se declara que el arrendador que reciba precios superiores a los legales, deberá restituirlos al arrendatario y será condenado, además, a una fuerte multa.
La aplicación que la Corte Suprema ha hecho de esta ley ha sido tan rígida y formalista, que ha hecho muy difícil que en la práctica los arrendatarios puedan gozar de sus beneficios, como se verá mediante algunas pocas sentencias que se examinarán.
8. No obstante que desde 1941 se ha fijado legalmente la renta máxima de la propiedades arrendadas en un 11% de su avalúo fiscal, prohibiéndose los contratos de arrendamiento que estipulen sumas superiores y declarándolos nulos, la Corte Suprema en varias sentencias ha sostenido que leyes que en años posteriores han ido autorizando a los propietarios para aumentar en un 5% o un 10% anual los precios que regían anteriormente (por ejemplo, leyes 11.622, 12.432 y 12.861), como una manera de reajustarlos en épocas en que los avalúos fiscales eran fijos, han saneado el vicio que afectaba a todos los contratos anteriores violatorios de la ley. De acuerdo con esta interpretación, ha considerado que no eran ilegales los cobros de arriendos precedentes superiores al legal. Para llegar a esa conclusión ha tomado la expresión de dichas leyes de que podían aumentarse las rentas "que se cobraban o que podían legalmente cobrarse", en el sentido de que se admiten como válidos los cobros que se hayan realizado de hecho, aun violando la ley. No consideró la Corte que la mención a las rentas que se estaban cobrando debía referirse, lógicamente, a aquellas rentas inferiores al máximo legal que pudieren haberse cobrado; ni explica cómo puede tenerse como saneamiento de una grave infracción legal lo que, a lo sumo, es una frase ambigua, que en parte alguna legaliza las violaciones anteriores (fallos de 14 de diciembre de 1962 y 26 de mayo de 1964, entre otros).
9. El avalúo fiscal, base de la fijación máxima de renta, debe acreditarse, según la ley 11.622, con certificado de la oficina respectiva de Impuestos Internos. Por sentencia de 22 de octubre de 1965 la Corte Suprema desechó como prueba del avalúo un certificado suscrito por el Administrador de Zona de Impuestos Internos (funcionario competente), invocado en su favor por un arrendatario, solamente porque en el certificado faltaba la frase sacramental "por orden del Director". Por sentencia de 27 de julio de 1965 desechó, asimismo, un certificado expedido regularmente por Impuestos Internos, por no haber sido notificado previamente al arrendador (es de advertir que para ese caso no regía la ley 15.140 que, posteriormente, dispuso que la tasación debía ser notificada por Impuestos Internos en caso de división de propiedades).
10. Por sentencia de 28 de noviembre de 1962 se anula de oficio (vale decir, sin que el arrendador hubiera pedido la anulación) un fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago que acogía la solicitud de una arrendataria para que le fueran restituidas las sumas excesivas cobradas ilegalmente por el arrendador, debido a que este último tribunal se limitó a decir que la estipulación de renta superior a la legal era nula por violar la ley correspondiente. Esa fundamentación fue estimada poco explicativa e insuficiente para fundamentar la decisión, y por ello se dejó sin efecto la sentencia favorable a la arrendataria.
Numerosos otros fallos han desechado demandas de arrendatarios que reclamaban devolución de cobros excesivos, porque no se entabló de manera expresa y formal una acción de nulidad del contrato de arrendamiento basada en que éste contenía estipulaciones prohibidas por la ley, a pesar de que los arrendatarios representaban la ilegalidad de las rentas percibidas por él propietario y pedían que les fuera devuelto el exceso.
11. Con fecha 15 de diciembre de 1964, la Corte Suprema modificó una sentencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso en la que se había ordenado al arrendador restituir lo percibido en exceso. El pago había excedido lo permitido por la ley y, aunque entre arrendador y arrendatario había mediado un finiquito, la Corte de Valparaíso no quiso admitirlo como válido por ser irrenunciables los derechos del arrendatario, según la ley. La Corte Suprema revocó, sosteniendo que esa irrenunciabilidad no regía después de terminado el contrato (pese a que la ley es absoluta en sus términos y no hace ni permite distingo alguno).
EXPROPIACIONES
En un régimen jurídico social basado en la propiedad privada, como es el chileno, los derechos del propietario sólo ceden ante una expropiación, que es un medio de privar al dueño de sus derechos de tal, siempre que se cumplan tres requisitos: a) que esa privación sea necesaria para el interés de la colectividad (causa de utilidad pública la llama la ley); b) que una ley declare esa necesidad; c) que se indemnice al propietario expropiado.
En Chile las expropiaciones han sido, tradicionalmente, ocasión para pagar al propietario indemnizaciones suculentas. Es frecuente que la expropiación constituya un excelente negocio para el expropiado.
Lo lógico sería que para medir la obligación que la sociedad tiene para con el propietario al cual por razones de interés colectivo se le priva de su bien, se usara la misma vara con que este propietario mide sus obligaciones para con la sociedad al pagar sus contribuciones. Pero esta idea nunca ha encontrado apoyo en los tribunales, ni siquiera cuando en 1967 se modificó expresamente la Constitución para disponer, al menos en las expropiaciones de predios rústicos, que ha de pagarse al propietario expropiado el valor del casco según su avalúo fiscal.
12. Así, el 26 de septiembre de 1968, la Corte Suprema resolvió que mientras no se dictara una ley que precisara la forma y condiciones de una expropiación rústica, no era posible aplicar el nuevo texto constitucional; como si éste no fuera, por sí mismo, una declaración de voluntad soberana con un mandato claro y taxativo.
13. Se ha llegado al absurdo de sostener que si se expropian terrenos agrícolas para destinarlos a la construcción de un camino, puede pagarse al propietario más del valor de avalúo fiscal porque... un camino no es un predio rústico, debido a que "no sirve para explotación agrícola" (sentencia de la Corte Suprema de 25 de mayo de 1969). De esta manera se deja sin aplicación la reforma constitucional.
Pero veamos ahora el criterio con que se hacen las regulaciones de valores de indemnización para el propietario.
14. Con fecha 19 de diciembre de 1962 la Corte Suprema acogió una queja del propietario del fundo Carriel Sur, situado entre Concepción y Talcahuano, señor Carlos Herrera Méndez, expropiado en una parte de su finca para construir allí el actual aeropuerto de la zona. La Corte de Concepción había fijado la indemnización del propietario en la elevada suma de E° 338.000 solamente por esa parte. La Corte Suprema, sin oír al Fisco, que era parte interesada y el obligado a pagar la expropiación, y sin forma de juicio[14], modificó esa sentencia definitiva para aumentar la indemnización, por sí y ante sí, a casi el doble, fijando la suma de E° 534.815. Es de observar que lo expropiado era menos de una tercera parte del fundo y que el avalúo fiscal de la totalidad de éste apenas llegaba a E° 9.436, suma a base de la cual el señor Herrera pagaba sus contribuciones (no se crea que es un error tipográfico: el avalúo era de E° 9.436 por todo el fundo). Vale decir, se ordenó pagar al expropiado una indemnización equivalente a multiplicar más de ciento setenta veces la base según la cual el propietario cumplía con el Fisco sus propias obligaciones. Cabe agregar que, según informe pericial, esos terrenos eran explotados rudimentariamente, tenían muy baja fertilidad y eran agrícolamente pobres.
15. Tan altos han sido, por lo general, los valores regulados por los tribunales de justicia a los propietarios expropiados, que en algunas ocasiones le ha convenido al Fisco renunciar a la expropiación y a las obras de interés general para las cuales ella estaba dispuesta. Es lo que sucedió con la expropiación de parte del fundo La Laguna de Barrancas, de propiedad de don Federico Sánchez Errázuriz, donde se iba a construir el Mercado Mayorista de Santiago; pues para ella se fijó un precio absolutamente desproporcionado, no obstante haberse reclamado a través de todas las instancias y haberse llevado el asunto por el Fisco hasta el Tribunal Supremo.
Las resoluciones dictadas por la Corte Suprema en recursos concernientes a expropiaciones efectuadas por la Corporación de Reforma Agraria para transformar el sistema de explotación y tenencia de la tierra en Chile y, en general, sus decisiones sobre la Ley de Reforma Agraria, constituyen todo un capítulo que no cabe dentro de la- limitada extensión de este trabajo. Para conocerlas se puede acudir a las revistas que publican sentencias judiciales, correspondientes a los años 1967, 1968 y 1969.
LOS DERECHOS ADQUIRIDOS
Es muy natural que en una organización jurídica como la que impera en Chile sea propio de los tribunales defender los derechos adquiridos de los ciudadanos. El que legítimamente ha entrado en posesión de una situación consolidada ante la ley, puede esperar ser amparado en ella.
Es cierto que en épocas de transformaciones sociales los derechos adquiridos pueden llegar a ser insalvables tropiezos para realizar muchos cambios necesarios. Pero aun así, las reglas del juego vigentes imponen que haya de ser el constituyente el único que pueda introducir modificaciones que faciliten innovaciones más profundas, y que a los jueces no les quepa otro papel que aplicar el sistema jurídico que rige.
Pero, una cosa es proteger derechos legítimamente adquiridos y muy otra extender constantemente el marco de éstos o declarar su existencia sin que haya apoyo legal que lo permita.
Posiblemente uno de los casos más evidentes en que la Corte Suprema ha asignado rango de derechos adquiridos a circunstancias que jurídicamente no tienen tal carácter, es el de los llamados "contratos-leyes". Aun cuando haya una variedad de situaciones a las que se aplica o conviene esa denominación, para simplificar digamos que son contratos-leyes aquellos acuerdos que se producen entre un particular y el Estado como tal, con obligaciones recíprocas, las que por parte del Estado consisten, generalmente, en no ejercitar alguna de sus facultades legales. De este carácter serían, por ejemplo, los casos en que el Estado se compromete a no gravar tributariamente determinados bienes, rentas o actividades de un particular, como ocurrió con las rentas de los "bonos-dólares" según la ley 14.171, y sucede con otras leyes de garantía a empresas privadas extranjeras (Estatuto del Inversionista).
La posición jurídica más sólidamente fundamentada afirma que estos acuerdos obligan al Estado únicamente en el sentido moral y no jurídico y, todavía, lo obligan moralmente tan sólo mientras las circunstancias no cambien o mientras nuevas necesidades sociales no impongan un criterio diverso. Porque si, pese a lo convenido con el particular, el interés general que el Estado representa varía y exige poner fin a la situación establecida en favor del particular, tiene el Estado —tutor y representante del interés general— el derecho de alterarla unilateralmente o de desconocerla hacia el futuro. Esto, por dos órdenes principales de razones: primera, porque el interés general predomina sobre el interés del simple particular; segunda, porque no cabe entender que al Estado le esté permitido tomar un compromiso válido que pueda llegar a ser lesivo para el interés general. Siendo el Estado agente y promotor del interés colectivo, debe siempre decidirse por éste, sin que valgan limitaciones de ningún género que invoque un simple particular[15].
16. Los fallos en que el más alto tribunal declara erróneamente que los contratos-leyes confieren al particular un "derecho adquirido" que le permite quedar al margen de la potestad legislativa del Estado, especialmente en lo tributario, y que el Estado podría renunciar a un imperio que es consustancial a su propia existencia, obligándose válidamente a no imponer tributos a un particular determinado, se multiplican peligrosamente y han favorecido a grandes empresas, algunas nacionales, como la Compañía de Acero del Pacífico, y otras extranjeras, como la Foro Motor Company y Esso Standard Oil Company (sentencias de 31 de mayo de 1955, 3 de octubre de 1966 y 8 de julio de 1967).
17. Otro caso de indebida extensión de la noción de derechos adquiridos podría hallarse en el fallo de 21 de junio de 1967 en que la Corte Suprema declara inconstitucional la ley 16.621, que dispuso que los contratos de compraventa de televisores posteriores al 22 de febrero de 1964 eran nulos en la parte en que su precio excediera del fijado por la autoridad competente. La sociedad Wagner Stein y Cía. S. A. pidió que se declarara atentatoria contra sus derechos adquiridos la aplicación de ese precepto legal en relación con un contrato celebrado el 8 de mayo de 1965, antes de dictada la ley 16.621. Pese a que ya en febrero de 1964 se habían congelado los precios de venta de televisores, declarándolos artículos de primera necesidad, y a que el contrato invocado estipulaba un precio superior al precio estabilizado por la autoridad, razón por la cual no confería derecho legítimo a la empresa vendedora, se acogió su petición.
18. En este mismo plano, y en forma reiterada, la Corte Suprema ha declarado inconstitucionales y violadoras de derechos adquiridos, diversas leyes que modifican los efectos de contratos ya celebrados, a los cuales no -podía hacérseles objeción en el momento en que fueron pactados, pero que después entraron en conflicto con los intereses generales. De nada han valido para disuadirla de su criterio los nuevos textos constitucionales aprobados en la reforma de 1967, que asignan expresamente una función social a los derechos privados, disponiendo que éstos quedan siempre sometidos a las limitaciones que nazcan de los intereses generales del Estado, de la colectividad y del común de los habitantes. Ella sigue aplicando los principios absolutos del Derecho Romano. Así se aprecia en las sentencias de 3 de julio de 1967 y de 21 de agosto de 1969.
LAS FRANQUICIAS TRIBUTARIAS
Otro aspecto que pude iluminarla cuestión que este trabajo procura esclarecer es el criterio con que proceden los tribunales en relación con determinadas exenciones o liberaciones tributarias que conceden algunas leyes, puesto que la manera de aplicarlas puede ser indicativa de una posición más preocupada de los derechos del capital que de los intereses generales.
19. El Servicio de Impuestos Internos exigió a Embotelladora Andina S.A. que pagara impuesto a las compraventas por el valor de los envases que entrega al comprador juntamente con las bebidas refrescantes que produce, cuando ese valor es contabilizado a favor de la sociedad por no haber 'devolución de los envases. Es de notar que estos envases (botellas de vidrio) tienen a veces valor igual o superior al líquido que contienen, que la empresa vendedora cobra su valor al efectuar las ventas y que, transcurrido cierto tiempo sin que sean devueltos, ingresa su valor al haber de su contabilidad. La Corte de Apelaciones de Santiago y la Corte Suprema, sucesivamente, esta última en sentencia de 23 de abril de 1969, resolvieron que Embotelladora Andina S.A. no estaba obligada a pagar el impuesto cobrado por los valores de envases ingresados en contabilidad, considerando que no debía entenderse que éstos se habían vendido a los consumidores, sino que solamente se les habían dado en préstamo. Lo que el consumidor paga por el envase que no devuelve y que la empresa ingresa definitivamente a su haber, según esos fallos, no es el precio de él, sino una "garantía" que exige la compañía que se lo "prestó". Se trataría, por consiguiente, de un préstamo eterno, sin devolución y con pago de precio.
20. El decreto con fuerza de ley Nº 2 de 1959 (llamado sobre Plan Habitacional) estableció un conjunto de franquicias tributarias para las viviendas económicas construidas conforme a sus preceptos, entre las que se cuenta la exención de impuesto de herencia para el caso de que ellas se transmitan por causa de muerte. En la liquidación de impuesto de herencia correspondiente a los bienes quedados al fallecimiento de doña M. Teresa Méndez Brañas, alegó la sucesión que correspondía eximir de impuesto a derechos emanados de promesas de venta sobre viviendas económicas. Impuestos Internos rebatió que la sucesión no estaba exenta porque la causante no era dueña de viviendas económicas, sino que había realizado negociaciones tendientes a adquirirlas, pero sin que éstas se hubieran completado en forma de conferirle el dominio sobre ellas; por consiguiente, no habiéndose transmitido las viviendas económicas (no se trataba de fallecimiento del promitente vendedor, sino del promitente comprador), no correspondía aplicar la exención. Tanto el juez del 5º Juzgado Civil de Santiago, como la Corte de Apelaciones de la jurisdicción (esta última con el voto en contra del abogado integrante, Sr. Valdés), desecharon la sólida argumentación del fiscal y consagraron la exención pedida por la sucesión. La Corte de Apelaciones declaró inadmisible el recurso del Fisco con fecha 7 de diciembre de 1967. Antes, el 7 de mayo de 1965, en caso idéntico, concerniente a la sucesión Méndez Zañartu, la Corte Suprema había estimado que no había falta que corregir en resolución análoga[16]. Con estos fallos viene a duplicarse, en el hecho, mediante una distorsión del texto legal, la exención de impuesto concedida por la ley, porque si muere el promitente vendedor, que es dueño de la vivienda económica, nadie podría negarle que corresponde aplicársela, y si muere el promitente comprador, también los tribunales lo favorecen con ella. En esta forma se hace doble una exención tributaria que la ley no ha establecido con tal carácter.
21. Don Francisco Vicuña reclamó del cobro de impuesto de transferencia que le hacía Impuestos Internos por la enajenación de tres locales situados en un edificio construido de acuerdo con el decreto con fuerza de ley Nº 2 de 1959, por considerarlos incluidos dentro de las franquicias tributarias que consagra ese cuerpo legal. Pese a que la exención se concede por la ley solamente para las "viviendas económicas", las que están definidas y descritas como lugares destinados a morada o habitación (con sala de estar, dormitorio, cocina, etc.) y a que se habla separadamente de los 'locales comerciales" como un concepto diferente, la Corte Suprema, en sentencia de 15 de junio de 1965, resolvió que había aplicado correctamente la ley un fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago que acogió el reclamo del propietario y que sostuvo que los "locales comerciales" eran también "viviendas económicas" y gozaban de exención.
DEFENSA DE LAS GARANTIAS INDIVIDUALES
Cada día se extiende más la imputación de que en Chile se administra una justicia de clase. Esto significa atribuir a los jueces[1] una concepción unilateral de la justicia –puesto que la concebirían únicamente como aquello que es útil para el sostenimiento del status social vigente– y a la vez coloca a los tribunales en abierto antagonismo con todos los sectores, cada vez más amplios, que creen indispensables profundos cambios sociales. En la práctica, esto conduciría, además, a sostener que la justicia actúa al servicio de la clase dominante y que interpreta y aplica la ley con miras a favorecer a los grupos sociales que disfrutan del régimen económico-social vigente, en desmedro de los trabajadores, que constituyen en el país la más amplia mayoría.
Esta imputación, sostenida antes solamente por los partidos políticos de la extrema izquierda[2], se propaga hoy a muchas organizaciones de trabajadores[3] y empieza a cundir aun en sectores políticos situados más al centro[4].
Pero ella es rotundamente negada en las altas jerarquías del Poder Judicial. En su reciente discurso de Apertura del Año Judicial, el 1º de marzo último, el señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia tuvo frases como las que siguen: "Se acusa a la, Corte Suprema de no estar en armonía con los tiempos actuales, de mantener un criterio que ya hizo época... pero los que así proceden ignoran lo que es el derecho y la justicia...". Y agregó: "es absurdo decir que la justicia entre nosotros es una justicia de clase... ella es simplemente aplicados de las leyes que rigen en la República...".
El propósito de este artículo es proporcionar una información objetiva que permita a cada cual formarse su propia opinión sobre el punto. Para este fin se examinará una treintena de los principales fallos de la justicia chilena en cuyo sentido es dable apreciar el criterio con que los tribunales superiores enfocan su misión. Esos fallos emanan, en su casi totalidad, de la Corte Suprema de Chile[5].
UNA PRIMERA IMPRESIÓN DE CONJUNTO
1969 fue un año turbulento para la vida chilena. Abundaron actos de exasperación en contra del "orden establecido" y de represión gubernativa. De ellos hubo amplia cuenta en la prensa y están frescos en la memoria de quienes los vivieron, por lo que no es necesario detallarlos.
Una rápida revisión de algunos fallos emitidos ese año por el más alto tribunal, arrojará, sin duda, elementos de juicio valiosos para los fines propuestos. Se trata de meras pinceladas introductorias, destinadas a esbozar el panorama que se irá diseñando más adelante en forma más ordenada y completa.
1. El 9 de marzo de 1969 fuerzas de Carabineros desalojaron violentamente, mediante una operación planeada de antemano, a un numeroso grupo de familias pobres que se habían instalado en un predio baldío y sin cercar, situado a corta distancia de Puerto Montt. Para este fin se usaron armas de fuego con profusión, causándose la muerte de nueve personas de variadas edades. Al término de los hechos solamente quedaron en el predio los escombros humeantes de las ligeras construcciones que allí habían levantado los pobladores y los cadáveres de los que perdieron la vida[6].
Se inició un proceso militar que ninguna responsabilidad estableció para las fuerzas policiales causantes de las muertes: En cambio, todavía perdura el proceso instaurado en contra del entonces regidor y hoy diputado Luis Espinoza, socialista, acusado de haber instigado la toma de los terrenos por los pobladores.
El Sr. Espinoza fue sometido a prisión cuando ya había sido elegido diputado del Congreso Nacional, lo que originó de su parte un recurso de amparo, pues el artículo 33 de la Constitución confiere inmunidad al parlamentario "desde el día de su elección", idea que repite, aclarándola meridianamente, el artículo 615 del Código de Procedimiento Penal. Según este precepto, el fuero parlamentario "se extiende a la persona que haya sido elegida Diputado o Senador, desde el día de su elección".
La Corte Suprema, en fallo de 17 de abril de 1969, negó lugar al recurso del parlamentario socialista, declarando que debía entenderse que la inmunidad rige solamente desde que el Tribunal Calificador de Elecciones proclama a los definitivamente elegidos, trámite que aún no estaba cumplido respecto del recurrente. Con ello admitió que se encarcelara al Diputado Espinoza sin desafuero.
No se ha conocido ningún acuerdo de la Corte Suprema destinado a disponer que se esclarecieran acuciosamente los sangrientos hechos que costaron la vida de tantas personas humildes.
2. El periodista serenense Raúl Pizarro inició a comienzos de 1969 una campaña periodística para develar abusos cometidos en contra de familias campesinas, de los que aparecería como uno de sus autores el Ministro de Corte Sr. Ruiz Aburto. Expresó en sus crónicas que se realizaba una persecución inhumana contra un grupo campesino; que se hacía detener a quienes denunciaban los abusos; que se había realizado una marcha pública de protesta por la actuación del magistrado, y que la Central Unica de Trabajadores pedía su salida del Poder Judicial. El periodista fue encargado reo por desacato al Ministro citado y dedujo recurso de amparo arguyendo que obraba lícitamente, en ejercicio del derecho de informar y de criticar que le compete por su profesión. La Corte Suprema, en sentencia de 22 de abril de 1969, declaró que lo publicado por el periodista eran "demasías verbales que, extralimitando el derecho de crítica e información, se convierten en maledicencia desprovista de objetivos serios y lícitos". En vista de ello, desechó el amparo y dejó constancia que lo conducente en caso semejante, era recurrir a la Corte Suprema para que ésta adoptara las medidas adecuadas para los malos funcionarios.
Posteriormente, la Cámara de Diputados aprobó una acusación constitucional en contra del Ministro Ruiz Aburto por los mismos motivos. Se tuvo por desechada la acusación en el Senado, pese a que la mayoría de los Senadores votaron acogiéndola, por no reunirse quórum constitucional. La Corte Suprema, después de esto, mantuvo en servicio al Ministro acusado y lo trasladó a otra Corte[7].
3. En la madrugada del 7 de junio de 1969 la Policía de Investigaciones allanó dependencias de la Universidad de Concepción, se incautó de documentos que encontró en su registro y detuvo a un numeroso grupo de estudiantes, los que posteriormente no fueron pasados a disposición del tribunal competente. Es de advertir que esa Universidad es tenida como de avanzada, especialmente por la tendencia mayoritaria de sus estudiantes. El hecho causó conmoción nacional, aun para aquellos que rechazaban una autonomía universitaria de carácter territorial. La protesta de las autoridades de la Universidad de Concepción, encabezadas por su Rector Sr. Edgardo Enríquez F., fue airada y se fundó en la circunstancia de haberse realizado el allanamiento con violación manifiesta de numerosos preceptos legales[8]. El Congreso Nacional se ocupó de la materia en sesión especial. La prensa más serena calificó el hecho como un vejamen y una torpeza [9].
Pese al revuelo ocasionado, no hubo acuerdo ni resolución alguna de la Corte Suprema, que tiene tuición disciplinaria no solamente sobre los tribunales que intervenían, sino también sobre los miembros del Servicio de Investigaciones.
Pero hubo más. La Universidad de Concepción decidió solicitar judicialmente que se repararan algunas de las violaciones legales perpetradas que aún era posible subsanar y pidió que se le diera copia autorizada de la resolución que ordenó el allanamiento (la que según el artículo 161 del Código de Procedimiento Penal debe ser entregada al dueño del lugar en que haya de practicarse la diligencia antes de proceder al registro) y del inventario de los bienes retirados por la policía (el que, conforme al artículo 166 del mismo Código, debe ser entregado en copia "al interesado que lo pida"). El tribunal de primera instancia, Ministro Sr. Roncagliolo, negó lugar a la petición y la Corte de Apelaciones de Concepción desechó la apelación de la Universidad, con el voto en contra, extenso y con sólidos fundamentos, del Ministro Sr. Hernández. Presentado recurso de queja a la Corte Suprema, para que ésta impusiera el respeto de la ley, el más alto tribunal se negó a oír el alegato del abogado de la Universidad que pidió ser escuchado, y con fecha 15 de septiembre de 1969, desechó de plano el recurso. Como si se tratara de materia obvia y sin importancia, indigna de merecer su atención y sin considerar para nada ni las expresas disposiciones legales que autorizaban lo pedido, ni las fundadas razones del Ministro Hernández, ni el prestigio de la entidad reclamante, la Corte Suprema puso fin a toda posibilidad de reclamo de la Universidad por las graves irregularidades producidas, sin siquiera escuchar los argumentos de su abogado.
Con esta breve introducción, pasamos al examen sistemático de otras sentencias que versan sobre materias que parecen reveladoras para el propósito de este análisis, a fin de que pueda conocerse el criterio que impera en las más altas resoluciones judiciales.
JUICIOS DEL TRABAJO
La legislación del trabajo fue dictada para dar protección al trabajador, que es la parte más débil en la relación jurídica laboral que constituye el contrato de trabajo. Antes de la dictación de las leyes del trabajo, la relación trabajador-empresario quedaba reglada por el viejo Código Civil, que supone una equivalencia de fuerzas y análoga libertad e independencia de decisión entre ambas partes contratantes. Esta equivalencia no existe, de hecho, pues el trabajador está compelido a aceptar finalmente las condiciones que quiera imponer el empresario, debido a que su falta de medios económicos constituye una presión que arrastra su voluntad.
Para que no quedara duda de su carácter protector del obrero o empleado, el Código del Trabajo en 1931 dispone, entre otras cosas, que los derechos otorgados por las leyes del trabajo son irrenunciables (artículo 665), puesto quede otro modo podría aprovecharse la necesidad del trabajador para hacerlo renunciara sus derechos, y que a la falta de contrato escrito de trabajo, se tendrán como estipulaciones de las partes las que declare el empleado (artículo 119).
Quiso el legislador que la aplicación de las leyes del trabajo quedara sustraída a los tribunales ordinarios de justicia, impregnados en el espíritu de la justicia conmutativa que establece la legislación civil que habitualmente aplican, y fuera entregada a tribunales especiales, formados en los principios de la justicia social y más aptos para comprender que la equidad exige una actitud protectora hacia el asalariado, como medio de compensar su debilidad frente al poder empresarial. Se crearon por ello los Tribunales del Trabajo, con una organización y constitución diversas de las que rigen para la justicia ordinaria.
Para asegurar este ámbito independiente de actuación para estos tribunales especializados, se dispuso expresamente que "contra las sentencias de las Cortes del Trabajo no procederá recurso alguno" (artículo 573 del Código del Trabajo).
Posteriormente, la ley 5.158, de 1933, ordenó hacer extensiva a los Tribunales del Trabajo la jurisdicción directiva, correccional y económica que la Constitución asigna a la Corte Suprema sobre todos los tribunales. Nótese que la facultad conferida a la Corte Suprema quedó limitada a los aspectos señalados y no destruye en forma alguna la voluntad del legislador de que ella no deje' de revisar las decisiones adoptadas por la justicia del trabajo; solamente está facultada para impartir normas sobre funcionamiento, régimen interno, distribución de tiempo, forma de asistencia y control (facultades directiva y económica) e imponer sanciones disciplinarias, censurando o sancionando a los funcionarios que faltan a sus deberes o incurren en abusos funcionarios (facultad correccional). Sin embargo, extralimitando sus facultades, la Corte Suprema revisa cada año centenares de sentencias de los Tribunales del Trabajo y las modifica o revoca a voluntad, olvidando que la ley quiso sustraerle esa clase de materias[10]. El hecho es tanto más grave cuanto que estas modificaciones o revocaciones las realiza tan sólo reformando las sentencias y sin aplicar medidas disciplinarias a los magistrados que habían resuelto con otro criterio (lo que por sí solo demuestra que éstos no incurrieron en real falta o abuso funcionarios) y, además, sin que en la Corte Suprema haya ni un solo especialista en legislación laboral[11].
Innecesario es agregar que el criterio que la Corte Suprema impone en la decisión de asuntos laborales se aparta del sentido que el legislador concibió para esta jurisdicción especializada.
Basta examinar un conjunto apreciable de sentencias de tribunales del trabajo, que son reformadas por la Corte Suprema, para advertir las consecuencias que esta intervención tiene para los trabajadores. Así, en los años 1967, 1968 y 1969 la Corte Suprema acogió 83 recursos de queja contra la Corte del Trabajo de Santiago (la más importante del país); de ellos, 75 correspondían a recursos deducidos por los patrones (el 90,4%) y solamente 8 correspondían a recursos entablados por los trabajadores (el 9,6%).
Esta intervención de la Corte Suprema tiene, además, otro efecto. Como se conoce el criterio de dicha Corte, la mayor parte de los recursos de queja que se interponen ante ella provienen de empresarios o patrones (hubo 412 recursos patronales fallados por la Suprema que versaban sobre sentencias de la Corte del Trabajo de Santiago durante el período 1967-1969); rara vez los trabajadores acuden al más alto tribunal en demanda de justicia (127 quejas de trabajadores en análogas circunstancias)[12].
Con estos antecedentes nadie puede extrañarse que los dirigentes sindicales que defienden con energía los derechos de sus compañeros sean desaforados, que los beneficios legales establecidos para los trabajadores sean mermados y que los derechos de éstos sean, muchas veces, desconocidos.
En la absoluta imposibilidad de dar cuenta de los centenares de sentencias de la Corte Suprema que resuelven materias laborales (sin que la ley le permita hacerlo, según se vio), presentaremos algunos pocos casos a guisa de ejemplo.
4. Las leyes 16.250 y 16.270 iniciaron en Chile la protección a la estabilidad del trabajador en su empleo. Una empleada del estudio profesional de don Arturo Alessandri R., demandó a éste ante los tribunales del trabajo por haber sido despedida de su cargo sin motivo justificado, invocando en su apoyo esas leyes. El Sr. Alessandri pidió a la Corte Suprema que declarara inaplicables los preceptos correspondientes, en cuanto disponían una subida multa para quienes habían despedido dependientes en un lapso de sesenta días anteriores a la ley, sosteniendo que el art. 11 de la Constitución prohibía la aplicación retroactiva de penas. La Corte Suprema, con fecha 27 de diciembre de 1965, por mayoría de votos, acogió ese recurso y declaró que no se podían imponer en ese caso las sanciones legales previstas, desoyendo las fundadas e irrefutables argumentaciones de una minoría que demostró que la Constitución solamente dispone irretroactividad para la ley penal, esto es, la que reprime delitos, pero no para las leyes sancionatorias administrativas.
5. El personal de la orquesta de una boite nocturna se había declarado en huelga legal, lo que le daba derecho a mantener suspendidas sus labores. Como el empresario mantenía abierto al público el establecimiento haciendo tocar en él música grabada, se acercó allí un inspector del Trabajo para hacer respetar el derecho de los huelguistas, amparado por un dictamen de la Dirección del Trabajo que establecía que no podía tocarse, en tal caso, música grabada. El empresario se negó siquiera a recibir al Inspector y le mandó decir que no lo recibiría ni pararía la música y que podía aplicarle todas las multas que quisiera. Denunciado el hecho al Juzgado del Trabajo, éste aplicó una multa al empresario, por entrabar las facultades fiscalizadoras del Inspector; la Corte del Trabajo ratificó esa multa. Pero el empresario acudió a la Corte Suprema y ésta, en sentencia de 24 de abril de 1969, declaró que consideraba un "abuso notable" sancionar a ese empresario, agregando, además, que no vulneraba el derecho de huelga de los músicos el reemplazar su labor con medios mecánicos equivalentes.
6. Un empleado que sirvió 25 años en el Club de la Unión en la actividad de mozo encargado de servir las comidas a los socios, fue despedido por la institución empleadora sin motivo legal y sin otro desahucio que el de 30 días de sueldo. Habiendo reclamado el empleado el derecho de innamovilidad que concede a los trabajadores la ley 16.455, obtuvo que su reclamo fuera acogido sucesivamente por el Juzgado y la Corte del Trabajo respectivos. Acudió, entonces, el Club empleador a la Corte Suprema y ésta, por mayoría de votos, declaro con fecha 14 de mayo de 1968, que se podía remover al empleado sin las indemnizaciones (de un mes de sueldo por cada año de servicios) previstas en la ley citada, porque era un "empleado doméstico". A los empleados domésticos no alcanzan los beneficios de la ley 16.455, pero solamente pueden tenerse por tales los que atienden labores permanentes propias de un hogar y no a los que trabajan para una institución como el Club de la Unión[13]. Es importante hacer resaltar que a través de sucesivos fallos de la Corte Suprema, la ley de inamovilidad del empleo ha perdido en gran parte su efectividad.
7. En junio de 1945 se produjo en Sewell, una de las más grandes catástrofes industriales chilenas; perdieron entonces la vida más de un centenar de trabajadores. Tiempo después se dictó la ley 8.572, que concedió una indemnización especial a las viudas y huérfanos de los fallecidos. La Empresa Braden Copper quiso atacar por inconstitucional esa ley, para liberarse del pago y procedió en la forma que va a expresarse.
Antes que ninguna de las 165 viudas y 510 huérfanos favorecidos por la ley hubiera alcanzado a iniciar su gestión de cobro, ante un Juzgado de Santiago, apareció demandando a la empresa una tal Clarisa Díaz, que decía ser una de las viudas, pero que no indicó ni un domicilio preciso ni acompañó documentos que demostraran su calidad. Dentro de este juicio la empresa norteamericana dedujo recurso de inaplicabilidad de la ley 8.572 ante la Corte Suprema. Recibió toda clase de facilidades de parte de doña Clarisa Díaz para que el recurso se tramitara y se ganara lo antes posible, y la Corte Suprema declaró inconstitucional dicha ley de 12 de mayo de 1947.
Posteriormente, una institución femenina nacional denunció a la Corte Suprema que ese juicio había sido un juicio tramitado por la empresa en colusión con personas que se prestaron para permitirle a ella obtener un fallo que sentara jurisprudencia, a fin de detener posteriormente los cobros que las auténticas favorecidas por la ley quisieran entablar. La denunciante proporcionó numerosos antecedentes comprobatorios de tan grave afirmación. La Corte Suprema ordenó archivar esta denuncia, con fecha 26 de julio de 1947, considerando que no valía la pena preocuparse de ella.
LEYES DE ARRENDAMIENTO
Desde 1941 vienen dictándose en Chile sucesivas leyes que tienen por fin defender los intereses de los arrendatarios de viviendas, considerados como la parte más débil en la relación jurídica arrendador (propietario) –arrendatario. Se trata de leyes de claro sentido social destinadas a señalar un máximo a las rentas de arrendamiento que pueden cobrarse, máximo que se fija en relación con el avalúo fiscal del inmueble, y asegurar la efectiva aplicación de tales rentas máximas. Como sucede en leyes de esta especie, se declaran irrenunciables los derechos por ella conferidos (artículo 9 de la Ley 11622) y se declara que el arrendador que reciba precios superiores a los legales, deberá restituirlos al arrendatario y será condenado, además, a una fuerte multa.
La aplicación que la Corte Suprema ha hecho de esta ley ha sido tan rígida y formalista, que ha hecho muy difícil que en la práctica los arrendatarios puedan gozar de sus beneficios, como se verá mediante algunas pocas sentencias que se examinarán.
8. No obstante que desde 1941 se ha fijado legalmente la renta máxima de la propiedades arrendadas en un 11% de su avalúo fiscal, prohibiéndose los contratos de arrendamiento que estipulen sumas superiores y declarándolos nulos, la Corte Suprema en varias sentencias ha sostenido que leyes que en años posteriores han ido autorizando a los propietarios para aumentar en un 5% o un 10% anual los precios que regían anteriormente (por ejemplo, leyes 11.622, 12.432 y 12.861), como una manera de reajustarlos en épocas en que los avalúos fiscales eran fijos, han saneado el vicio que afectaba a todos los contratos anteriores violatorios de la ley. De acuerdo con esta interpretación, ha considerado que no eran ilegales los cobros de arriendos precedentes superiores al legal. Para llegar a esa conclusión ha tomado la expresión de dichas leyes de que podían aumentarse las rentas "que se cobraban o que podían legalmente cobrarse", en el sentido de que se admiten como válidos los cobros que se hayan realizado de hecho, aun violando la ley. No consideró la Corte que la mención a las rentas que se estaban cobrando debía referirse, lógicamente, a aquellas rentas inferiores al máximo legal que pudieren haberse cobrado; ni explica cómo puede tenerse como saneamiento de una grave infracción legal lo que, a lo sumo, es una frase ambigua, que en parte alguna legaliza las violaciones anteriores (fallos de 14 de diciembre de 1962 y 26 de mayo de 1964, entre otros).
9. El avalúo fiscal, base de la fijación máxima de renta, debe acreditarse, según la ley 11.622, con certificado de la oficina respectiva de Impuestos Internos. Por sentencia de 22 de octubre de 1965 la Corte Suprema desechó como prueba del avalúo un certificado suscrito por el Administrador de Zona de Impuestos Internos (funcionario competente), invocado en su favor por un arrendatario, solamente porque en el certificado faltaba la frase sacramental "por orden del Director". Por sentencia de 27 de julio de 1965 desechó, asimismo, un certificado expedido regularmente por Impuestos Internos, por no haber sido notificado previamente al arrendador (es de advertir que para ese caso no regía la ley 15.140 que, posteriormente, dispuso que la tasación debía ser notificada por Impuestos Internos en caso de división de propiedades).
10. Por sentencia de 28 de noviembre de 1962 se anula de oficio (vale decir, sin que el arrendador hubiera pedido la anulación) un fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago que acogía la solicitud de una arrendataria para que le fueran restituidas las sumas excesivas cobradas ilegalmente por el arrendador, debido a que este último tribunal se limitó a decir que la estipulación de renta superior a la legal era nula por violar la ley correspondiente. Esa fundamentación fue estimada poco explicativa e insuficiente para fundamentar la decisión, y por ello se dejó sin efecto la sentencia favorable a la arrendataria.
Numerosos otros fallos han desechado demandas de arrendatarios que reclamaban devolución de cobros excesivos, porque no se entabló de manera expresa y formal una acción de nulidad del contrato de arrendamiento basada en que éste contenía estipulaciones prohibidas por la ley, a pesar de que los arrendatarios representaban la ilegalidad de las rentas percibidas por él propietario y pedían que les fuera devuelto el exceso.
11. Con fecha 15 de diciembre de 1964, la Corte Suprema modificó una sentencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso en la que se había ordenado al arrendador restituir lo percibido en exceso. El pago había excedido lo permitido por la ley y, aunque entre arrendador y arrendatario había mediado un finiquito, la Corte de Valparaíso no quiso admitirlo como válido por ser irrenunciables los derechos del arrendatario, según la ley. La Corte Suprema revocó, sosteniendo que esa irrenunciabilidad no regía después de terminado el contrato (pese a que la ley es absoluta en sus términos y no hace ni permite distingo alguno).
EXPROPIACIONES
En un régimen jurídico social basado en la propiedad privada, como es el chileno, los derechos del propietario sólo ceden ante una expropiación, que es un medio de privar al dueño de sus derechos de tal, siempre que se cumplan tres requisitos: a) que esa privación sea necesaria para el interés de la colectividad (causa de utilidad pública la llama la ley); b) que una ley declare esa necesidad; c) que se indemnice al propietario expropiado.
En Chile las expropiaciones han sido, tradicionalmente, ocasión para pagar al propietario indemnizaciones suculentas. Es frecuente que la expropiación constituya un excelente negocio para el expropiado.
Lo lógico sería que para medir la obligación que la sociedad tiene para con el propietario al cual por razones de interés colectivo se le priva de su bien, se usara la misma vara con que este propietario mide sus obligaciones para con la sociedad al pagar sus contribuciones. Pero esta idea nunca ha encontrado apoyo en los tribunales, ni siquiera cuando en 1967 se modificó expresamente la Constitución para disponer, al menos en las expropiaciones de predios rústicos, que ha de pagarse al propietario expropiado el valor del casco según su avalúo fiscal.
12. Así, el 26 de septiembre de 1968, la Corte Suprema resolvió que mientras no se dictara una ley que precisara la forma y condiciones de una expropiación rústica, no era posible aplicar el nuevo texto constitucional; como si éste no fuera, por sí mismo, una declaración de voluntad soberana con un mandato claro y taxativo.
13. Se ha llegado al absurdo de sostener que si se expropian terrenos agrícolas para destinarlos a la construcción de un camino, puede pagarse al propietario más del valor de avalúo fiscal porque... un camino no es un predio rústico, debido a que "no sirve para explotación agrícola" (sentencia de la Corte Suprema de 25 de mayo de 1969). De esta manera se deja sin aplicación la reforma constitucional.
Pero veamos ahora el criterio con que se hacen las regulaciones de valores de indemnización para el propietario.
14. Con fecha 19 de diciembre de 1962 la Corte Suprema acogió una queja del propietario del fundo Carriel Sur, situado entre Concepción y Talcahuano, señor Carlos Herrera Méndez, expropiado en una parte de su finca para construir allí el actual aeropuerto de la zona. La Corte de Concepción había fijado la indemnización del propietario en la elevada suma de E° 338.000 solamente por esa parte. La Corte Suprema, sin oír al Fisco, que era parte interesada y el obligado a pagar la expropiación, y sin forma de juicio[14], modificó esa sentencia definitiva para aumentar la indemnización, por sí y ante sí, a casi el doble, fijando la suma de E° 534.815. Es de observar que lo expropiado era menos de una tercera parte del fundo y que el avalúo fiscal de la totalidad de éste apenas llegaba a E° 9.436, suma a base de la cual el señor Herrera pagaba sus contribuciones (no se crea que es un error tipográfico: el avalúo era de E° 9.436 por todo el fundo). Vale decir, se ordenó pagar al expropiado una indemnización equivalente a multiplicar más de ciento setenta veces la base según la cual el propietario cumplía con el Fisco sus propias obligaciones. Cabe agregar que, según informe pericial, esos terrenos eran explotados rudimentariamente, tenían muy baja fertilidad y eran agrícolamente pobres.
15. Tan altos han sido, por lo general, los valores regulados por los tribunales de justicia a los propietarios expropiados, que en algunas ocasiones le ha convenido al Fisco renunciar a la expropiación y a las obras de interés general para las cuales ella estaba dispuesta. Es lo que sucedió con la expropiación de parte del fundo La Laguna de Barrancas, de propiedad de don Federico Sánchez Errázuriz, donde se iba a construir el Mercado Mayorista de Santiago; pues para ella se fijó un precio absolutamente desproporcionado, no obstante haberse reclamado a través de todas las instancias y haberse llevado el asunto por el Fisco hasta el Tribunal Supremo.
Las resoluciones dictadas por la Corte Suprema en recursos concernientes a expropiaciones efectuadas por la Corporación de Reforma Agraria para transformar el sistema de explotación y tenencia de la tierra en Chile y, en general, sus decisiones sobre la Ley de Reforma Agraria, constituyen todo un capítulo que no cabe dentro de la- limitada extensión de este trabajo. Para conocerlas se puede acudir a las revistas que publican sentencias judiciales, correspondientes a los años 1967, 1968 y 1969.
LOS DERECHOS ADQUIRIDOS
Es muy natural que en una organización jurídica como la que impera en Chile sea propio de los tribunales defender los derechos adquiridos de los ciudadanos. El que legítimamente ha entrado en posesión de una situación consolidada ante la ley, puede esperar ser amparado en ella.
Es cierto que en épocas de transformaciones sociales los derechos adquiridos pueden llegar a ser insalvables tropiezos para realizar muchos cambios necesarios. Pero aun así, las reglas del juego vigentes imponen que haya de ser el constituyente el único que pueda introducir modificaciones que faciliten innovaciones más profundas, y que a los jueces no les quepa otro papel que aplicar el sistema jurídico que rige.
Pero, una cosa es proteger derechos legítimamente adquiridos y muy otra extender constantemente el marco de éstos o declarar su existencia sin que haya apoyo legal que lo permita.
Posiblemente uno de los casos más evidentes en que la Corte Suprema ha asignado rango de derechos adquiridos a circunstancias que jurídicamente no tienen tal carácter, es el de los llamados "contratos-leyes". Aun cuando haya una variedad de situaciones a las que se aplica o conviene esa denominación, para simplificar digamos que son contratos-leyes aquellos acuerdos que se producen entre un particular y el Estado como tal, con obligaciones recíprocas, las que por parte del Estado consisten, generalmente, en no ejercitar alguna de sus facultades legales. De este carácter serían, por ejemplo, los casos en que el Estado se compromete a no gravar tributariamente determinados bienes, rentas o actividades de un particular, como ocurrió con las rentas de los "bonos-dólares" según la ley 14.171, y sucede con otras leyes de garantía a empresas privadas extranjeras (Estatuto del Inversionista).
La posición jurídica más sólidamente fundamentada afirma que estos acuerdos obligan al Estado únicamente en el sentido moral y no jurídico y, todavía, lo obligan moralmente tan sólo mientras las circunstancias no cambien o mientras nuevas necesidades sociales no impongan un criterio diverso. Porque si, pese a lo convenido con el particular, el interés general que el Estado representa varía y exige poner fin a la situación establecida en favor del particular, tiene el Estado —tutor y representante del interés general— el derecho de alterarla unilateralmente o de desconocerla hacia el futuro. Esto, por dos órdenes principales de razones: primera, porque el interés general predomina sobre el interés del simple particular; segunda, porque no cabe entender que al Estado le esté permitido tomar un compromiso válido que pueda llegar a ser lesivo para el interés general. Siendo el Estado agente y promotor del interés colectivo, debe siempre decidirse por éste, sin que valgan limitaciones de ningún género que invoque un simple particular[15].
16. Los fallos en que el más alto tribunal declara erróneamente que los contratos-leyes confieren al particular un "derecho adquirido" que le permite quedar al margen de la potestad legislativa del Estado, especialmente en lo tributario, y que el Estado podría renunciar a un imperio que es consustancial a su propia existencia, obligándose válidamente a no imponer tributos a un particular determinado, se multiplican peligrosamente y han favorecido a grandes empresas, algunas nacionales, como la Compañía de Acero del Pacífico, y otras extranjeras, como la Foro Motor Company y Esso Standard Oil Company (sentencias de 31 de mayo de 1955, 3 de octubre de 1966 y 8 de julio de 1967).
17. Otro caso de indebida extensión de la noción de derechos adquiridos podría hallarse en el fallo de 21 de junio de 1967 en que la Corte Suprema declara inconstitucional la ley 16.621, que dispuso que los contratos de compraventa de televisores posteriores al 22 de febrero de 1964 eran nulos en la parte en que su precio excediera del fijado por la autoridad competente. La sociedad Wagner Stein y Cía. S. A. pidió que se declarara atentatoria contra sus derechos adquiridos la aplicación de ese precepto legal en relación con un contrato celebrado el 8 de mayo de 1965, antes de dictada la ley 16.621. Pese a que ya en febrero de 1964 se habían congelado los precios de venta de televisores, declarándolos artículos de primera necesidad, y a que el contrato invocado estipulaba un precio superior al precio estabilizado por la autoridad, razón por la cual no confería derecho legítimo a la empresa vendedora, se acogió su petición.
18. En este mismo plano, y en forma reiterada, la Corte Suprema ha declarado inconstitucionales y violadoras de derechos adquiridos, diversas leyes que modifican los efectos de contratos ya celebrados, a los cuales no -podía hacérseles objeción en el momento en que fueron pactados, pero que después entraron en conflicto con los intereses generales. De nada han valido para disuadirla de su criterio los nuevos textos constitucionales aprobados en la reforma de 1967, que asignan expresamente una función social a los derechos privados, disponiendo que éstos quedan siempre sometidos a las limitaciones que nazcan de los intereses generales del Estado, de la colectividad y del común de los habitantes. Ella sigue aplicando los principios absolutos del Derecho Romano. Así se aprecia en las sentencias de 3 de julio de 1967 y de 21 de agosto de 1969.
LAS FRANQUICIAS TRIBUTARIAS
Otro aspecto que pude iluminarla cuestión que este trabajo procura esclarecer es el criterio con que proceden los tribunales en relación con determinadas exenciones o liberaciones tributarias que conceden algunas leyes, puesto que la manera de aplicarlas puede ser indicativa de una posición más preocupada de los derechos del capital que de los intereses generales.
19. El Servicio de Impuestos Internos exigió a Embotelladora Andina S.A. que pagara impuesto a las compraventas por el valor de los envases que entrega al comprador juntamente con las bebidas refrescantes que produce, cuando ese valor es contabilizado a favor de la sociedad por no haber 'devolución de los envases. Es de notar que estos envases (botellas de vidrio) tienen a veces valor igual o superior al líquido que contienen, que la empresa vendedora cobra su valor al efectuar las ventas y que, transcurrido cierto tiempo sin que sean devueltos, ingresa su valor al haber de su contabilidad. La Corte de Apelaciones de Santiago y la Corte Suprema, sucesivamente, esta última en sentencia de 23 de abril de 1969, resolvieron que Embotelladora Andina S.A. no estaba obligada a pagar el impuesto cobrado por los valores de envases ingresados en contabilidad, considerando que no debía entenderse que éstos se habían vendido a los consumidores, sino que solamente se les habían dado en préstamo. Lo que el consumidor paga por el envase que no devuelve y que la empresa ingresa definitivamente a su haber, según esos fallos, no es el precio de él, sino una "garantía" que exige la compañía que se lo "prestó". Se trataría, por consiguiente, de un préstamo eterno, sin devolución y con pago de precio.
20. El decreto con fuerza de ley Nº 2 de 1959 (llamado sobre Plan Habitacional) estableció un conjunto de franquicias tributarias para las viviendas económicas construidas conforme a sus preceptos, entre las que se cuenta la exención de impuesto de herencia para el caso de que ellas se transmitan por causa de muerte. En la liquidación de impuesto de herencia correspondiente a los bienes quedados al fallecimiento de doña M. Teresa Méndez Brañas, alegó la sucesión que correspondía eximir de impuesto a derechos emanados de promesas de venta sobre viviendas económicas. Impuestos Internos rebatió que la sucesión no estaba exenta porque la causante no era dueña de viviendas económicas, sino que había realizado negociaciones tendientes a adquirirlas, pero sin que éstas se hubieran completado en forma de conferirle el dominio sobre ellas; por consiguiente, no habiéndose transmitido las viviendas económicas (no se trataba de fallecimiento del promitente vendedor, sino del promitente comprador), no correspondía aplicar la exención. Tanto el juez del 5º Juzgado Civil de Santiago, como la Corte de Apelaciones de la jurisdicción (esta última con el voto en contra del abogado integrante, Sr. Valdés), desecharon la sólida argumentación del fiscal y consagraron la exención pedida por la sucesión. La Corte de Apelaciones declaró inadmisible el recurso del Fisco con fecha 7 de diciembre de 1967. Antes, el 7 de mayo de 1965, en caso idéntico, concerniente a la sucesión Méndez Zañartu, la Corte Suprema había estimado que no había falta que corregir en resolución análoga[16]. Con estos fallos viene a duplicarse, en el hecho, mediante una distorsión del texto legal, la exención de impuesto concedida por la ley, porque si muere el promitente vendedor, que es dueño de la vivienda económica, nadie podría negarle que corresponde aplicársela, y si muere el promitente comprador, también los tribunales lo favorecen con ella. En esta forma se hace doble una exención tributaria que la ley no ha establecido con tal carácter.
21. Don Francisco Vicuña reclamó del cobro de impuesto de transferencia que le hacía Impuestos Internos por la enajenación de tres locales situados en un edificio construido de acuerdo con el decreto con fuerza de ley Nº 2 de 1959, por considerarlos incluidos dentro de las franquicias tributarias que consagra ese cuerpo legal. Pese a que la exención se concede por la ley solamente para las "viviendas económicas", las que están definidas y descritas como lugares destinados a morada o habitación (con sala de estar, dormitorio, cocina, etc.) y a que se habla separadamente de los 'locales comerciales" como un concepto diferente, la Corte Suprema, en sentencia de 15 de junio de 1965, resolvió que había aplicado correctamente la ley un fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago que acogió el reclamo del propietario y que sostuvo que los "locales comerciales" eran también "viviendas económicas" y gozaban de exención.
DEFENSA DE LAS GARANTIAS INDIVIDUALES
Toca a los tribunales, en virtud de las facultades conservadoras que la ley les confía, amparar las garantías individuales de los ciudadanos, especialmente contra los atropellos en que incurran autoridades o funcionarios de cualquier orden. La principal manifestación de esta atribución está en el recurso de amparo o "habeas corpus", establecido en el artículo 16 de la Constitución y por todo un título del Código de Procedimiento Penal.
Los hechos evidencian, sin embargo, que en el desempeño de esa función no siempre los tribunales han procedido con igual criterio. Interesa señalar algunos casos que lo demuestran.
22. A comienzos del gobierno del Presidente Ibáñez, en 1953, se resolvió aplicar drásticas medidas en contra de algunos grandes industriales que entrababan la ejecución de medidas de carácter económico dispuestas por el Ejecutivo. Dentro de esa línea se dejó sin efecto el decreto de permanencia definitiva en Chile del poderoso empresario español de panaderías, Sr. Antonio Ferrán, el cual no proveía a tres de sus establecimientos de expendio de pan de la harina necesaria, con la cual contaba. Se fundamentó la medida en que su conducta atentaba contra las reglas de convivencia social, por lo que constituía un peligro para el Estado. Ferrán interpuso recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Santiago, el que le fue acogido, por estimarse que no existía peligro para el Estado, a juicio del tribunal. Con ello se dispuso su libertad y se dejó sin efecto el decreto de expulsión del país. Apeló el gobierno a la Corte Suprema y ésta, con fecha 2 de octubre de 1953, confirmó lo resuelto por el tribunal inferior, dejando expresa constancia que corresponde a los tribunales, al resolver recursos de amparo, calificar los hechos que motivan la privación de libertad para dar protección a quien reclama que se le garantice su libertad individual[17].
23. Los mismos tribunales indicados, en cambio, habían resuelto dos meses antes lo contrario, tratándose del miembro del Partido Comunista, señor Jacobo Rosenblum, al cual se acusaba por el gobierno de desarrollar acción proselitista, de trabajar en el diario “El Siglo” y de desempeñar cargos relativos a las finanzas del partido. La Corte Suprema declaró en este caso que la ley entregaba al Ministerio del Interior en forma exclusiva la calificación de las circunstancias que constituyen un peligro para el Estado y que no le estaba permitido a ella revisar ese criterio.
24. En numerosas oportunidades posteriores los tribunales han desechado recursos de amparo deducidos por extranjeros de filiación izquierdista en contra de los cuales pesaba orden gubernativa de expulsión del país debida a suponerse por los funcionarios político-administrativos que sus actividades constituían peligro para el Estado. Invariablemente han sostenido las Cortes, con aprobación de la Corte Suprema, que apreciar esa circunstancia es privativo del gobierno.
Un caso reciente, muy singular y que originó comentarios internacionales, fue la detención policial de cuatro jóvenes alemanes ingresados al país como turistas: Gisela Groenewold, Norbert Breitenstein, Michael Braun y Hans Neub, bajo la acusación de que intentaban hacer propaganda política. Los varones estuvieron privados de libertad e incomunicados durante tres días y la dama durante cinco días, por resolución puramente administrativa, siendo que las garantías constitucionales no lo admiten. La Corte de Apelaciones de Santiago desechó el recurso respecto de los varones, porque demoró tanto en fallarlo, que cuando sentenció éstos habían sido ya expulsados del país; en cuanto a la señorita Groenewold, que todavía estaba privada de libertad, se limitó a disponer que no podía ser incomunicada. La Corte Suprema confirmó este fallo.
25. También puede observarse la diversa celeridad y diligencia con que obran los tribunales en los recursos de amparo que la ley, deseosa de dar las mayores garantías a la libertad individual, ordena fallar en el término de 24 horas.
El 31 de agosto de 1967, por orden del Intendente de Santiago, se detuvo a varios jefes del Partido Nacional, bajo la inculpación de atentado contra la seguridad interior del Estado. Ya al día siguiente se alegaban ante la Corte de Apelaciones de Santiago los recursos de amparo deducidos por los señores García Garzena, Jarpa y otros, y al día siguiente eran acogidos. Para resolver la libertad del señor Godoy, también miembro de esa directiva, el tribunal se constituyó en día domingo y la concedió.
26. Ya se ha visto que el recurso de amparo de los jóvenes alemanes mencionados en el párrafo 24 tardó en fallarse. En efecto, fue deducido el 7 de junio de 1969 y fue resuelto solamente el 12 del mismo mes, cuando no podía operar una sentencia respecto de personas que de hecho habían sido expulsadas del país.
Tampoco hubo celeridad en el caso del profesor francés Benjamín Fabre, detenido por la policía como supuesto encubridor de asaltos de bancos de carácter político. Su recurso fue presentado el 18 de noviembre de 1969 a la Corte de Apelaciones de Santiago. Por orden del Presidente de la Corte, señor González, se privó al abogado defensor del conocimiento del informe de la policía. El recurso fue conocido por la Corte solamente el día 22 del mismo mes y fue desechado el mismo día.
Ya se ha escrito sobre torturas aplicadas al profesor Fabre y a otros acusados de delitos políticos (naturalmente, gente de izquierda)[18]. Los tribunales no solamente no han manifestado interés por investigarlas, sino que se ha llegado a atribuir a un Ministro de Corte la desconcertante declaración pública de que no podría hacerse cargo de las denuncias por torturas, por tratarse de delito de acción privada[19], siendo que la flagelación de detenidos es indiscutiblemente un delito de acción pública que los tribunales deben reprimir de oficio.
PROCESOS CRIMINALES
Sin necesidad de otros comentarios, y teniendo en cuenta la excesiva extensión que alcanza ya este trabajo, señalamos algunas sentencias que consideramos útiles a la dilucidación del tema propuesto.
27. El 4 de abril de 1963, la Corte Suprema rehusó conocer el recurso de casación en el fondo deducido por el reo preso José del C. Valenzuela, apodado Chacal de Nahueltoro, contra la sentencia de la Corte de Apelaciones de Chillán que lo condenaba a muerte como autor de varios homicidios, en razón de que dentro del plazo de 20 días previsto por la ley procesal, no había cumplido el reo con el trámite de designar abogado patrocinante de su recurso. En esta forma, no llegó a imponerse del proceso y dejó a firme la pena capital impuesta a un gañán analfabeto. Pudieron más las ritualidades procesales que informarse si la pena de muerte se justificaba de acuerdo con la ley, con las pruebas acumuladas y con la personalidad del reo. Valenzuela fue fusilado en Chillán el 30 de abril de ese año, cuando había aprendido a leer y parecía entrar a vincularse con una sociedad que le había sido hostil.
Es de advertir que el 14 de junio de 1962, en otra causa de menor gravedad, la misma Corte había sostenido una tesis que contradice abiertamente la anterior y que parece más acorde con el espíritu de la legislación, al declarar que si un reo preso no hace designación de abogado que patrocine su recurso de casación dentro de plazo, corresponde que el Procurador de turno pida al tribunal la designación de oficio de un abogado que asuma ese patrocinio, como manera de evitar su indefensión.
28. En 1962 un obrero de fundo dio muerte al hijo de su patrón, después de un altercado que se originó en que la víctima le hacía a aquél acusaciones, no probadas, de haber sustraído herramientas. El hechor sostuvo que se defendió de una agresión de hecho inminente. La Corte de Apelaciones de Santiago consideró que favorecían al reo dos atenuantes y le aplicó una pena rebajada. La Corte Suprema, en sentencia de 24 de marzo de 1964, aumentó la pena, declarando que no estaba acreditada una de las atenuantes, la irreprochable conducta anterior del reo, por no haber constancia de haberse tomado juramento a los testigos que depusieron sobre ella. Dentro del carácter estricto que este tribunal ha dado siempre al recurso de casación en el fondo, vía mediante la cual modificó la sentencia, este fallo resulta absolutamente una excepción. La propia sentencia reconoce el carácter excepcional de su decisión[20].
29. A mediados de 1966, un grupo de obreros que trabajaba en el mineral de Chuquicamata denunció el fraude de que se les hizo víctimas a ellos y a alrededor de 800 trabajadores, durante doce años, al no pagárseles por la empresa Chile Exploration Company sus remuneraciones conforme al Estatuto de los Trabajadores del Cobre, sino salarios apreciablemente más bajos, con pretexto de que su patrón no era dicha empresa norteamericana, sino diversos contratistas nacionales a los cuales aquélla habría encargado la ejecución de obras no mineras. Durante el sumario criminal iniciado contra el gerente de Chilex, Joseph Allen, el ingeniero jefe de la misma firma, F. Tietjen, y los pretendidos contratistas, logró demostrarse que esos trabajadores laboraban a las órdenes de ingenieros de Chilex, con la misma vestimenta y equipo de trabajo que los obreros de Chilex, mezclados con éstos y desarrollando muchos de ellos labores de carácter estrictamente minero. Los llamados "contratistas" recibían mensualmente de Chilex cheques por el total de los salarios bajos que se pagaban a esos obreros, y las imposiciones previsionales de éstos eran pagadas con cheques girados directamente por Chilex al Servicio de Seguro Social. Estos antecedentes acreditaban, a juicio de los querellantes, el hecho de reducírseles ilegalmente las remuneraciones que debían pagárseles como trabajadores del cobre, mediante la apariencia fraudulenta de no ser ellos dependientes de Chilex, sino de interpósitas personas; por lo que pidieron encargatoria de reo de los inculpados. Ni el juez de Calama ni la Corte de Apelaciones de Antofagasta, ni la Corte Suprema (fallo de 22 de junio de 1967) consideraron que había base para someter a juicio criminal a los querellados[21]. Entre once magistrados que dieron opinión en este asunto, no hubo ni uno solo que pensara que debía abrirse proceso a los autores de la maniobra [22]. Interesa remarcar que la Corte Suprema dictó su resolución negativa antes de 24 horas de iniciado por ella el examen del proceso, que constaba de más de 600 folios y al que iban agregados más de un millar de documentos, lapso, por cierto, muy estrecho para imponerse de los antecedentes.
30. El senador socialista Carlos Altamirano fue desaforado y condenado como autor de atentado a la seguridad interior del Estado por haber divulgado el texto de una conferencia suya dictada en recinto universitario sobre la revolución cubana y la situación económico-social de América Latina. Sus expresiones contenían un llamado a la lucha continental contra el imperialismo norteamericano, destacando la tarea pionera que Cuba ha asumido dentro de esa lucha, sin que propugnara ninguna acción violenta dentro de Chile. No obstante, fue declarado culpable del delito de estimular el crimen y la violencia dentro del país, porque aludía a los hechos ocurridos en Cuba y que culminaron con el establecimiento de la República Socialista de Cuba[23].
Todos han de recordar, en cambio, los fallos que la justicia chilena ha dictado en las acusaciones por atentado contra la seguridad interior del Estado que se formularon en estos últimos meses en contra de los directores de dos órganos periodísticos de derecha: La Segunda de las Ultimas Noticias y El Diario Ilustrado, señores Mario Carneiro y Abel Valdés. En favor de ambos se expidió rápidamente sobreseimiento definitivo, la más contundente de las resoluciones exculpatorias que pueden dictarse.
BUSCANDO LAS CAUSAS
De la exposición precedente resulta un cuadro general que sella con un sentido alas decisiones judiciales y que permite formarse a cada cual un concepto sobre la cuestión planteada. Nos parece, sin embargo, que dejaríamos un vacío muy notorio en estas líneas si no intentáramos siquiera esbozar, en muy breves palabras, algunas de las causas que pueden contribuir a que la justicia adquiera tal sello.
La principal la hemos explicado ya en otra oportunidad[24]: "el Poder Judicial chileno no ha logrado adaptarse a las circunstancias sociales que vive el país". El pluralismo ideológico imperante no rige para el Poder Judicial, mantenido enteramente al margen de la renovación de las aspiraciones nacionales en lo social. Ese Poder, particularmente la Corte Suprema, es un incondicional defensor del status social, económico y político vigente y reprueba a quienes luchan por cambios sociales. Para pertenecer a él se exige adhesión a posiciones tradicionalistas y de conformismo social. Los miembros de la Corte Suprema tienen vínculos y relaciones con los sectores más conservadores de la sociedad chilena y, generalmente, proceden de ellos.
Lo expresado lo podemos corroborar con lo que han manifestado oficialmente los propios Ministros de la Corte Suprema. Según su criterio, la lucha de clases es un mito que debe ser desenmascarado; no existe separación tajante entre la clase trabajadora, por una parte, y los empresarios, los terratenientes, los monopolios y el gran capital nacional y extranjero, por la otra; los poseedores de la riqueza reparten cada vez más sus utilidades entre los que concurren con ellos a la producción de los bienes; hablar de la lucha de masas para arrancar nuevas conquistas de los sectores privilegiados, es despertar rencores censurables y emplear palabras que no reflejan la verdad; las diferencias sociales han desaparecido y en Chile hombres de modesto origen económico pueden alcanzar las más encumbradas posiciones políticas y sociales[25]. Son palabras que parecen inspiradas por el optimismo desbordante del economista de comienzos del siglo XIX, Federico Bastiat, autor de Armonías Económicas; pero que repetidas hoy, marcan una concepción ideológica de quienes las emiten, no compartida por todos los chilenos, ni siquiera por la mayoría.
Es preciso agregar que casi todos los magistrados que así fallan y así opinan, están ciertos de desempeñar sus funciones en la forma más acertada. Es tal el peso de su extracción, de su formación, del medio en el que se desenvuelven y de los estímulos psicológicos que reciben normalmente en su desempeño, que difícilmente llegarán siquiera a interrogarse si no habría una manera diferente de administrar justicia.
En sus labores son acompañados por Abogados Integrantes escogidos dentro de cuadros de profesionales animados de su mismo espíritu y que son, algunas veces, asesores jurídicos de las más poderosas empresas nacionales o extranjeras. Estos integrantes se incorporan al tribunal en igualdad de condiciones en cuanto a poder de decisión. Muchos de los fallos que hemos reseñado han sido dictados con la influencia de sus votos.
Una segunda causa (que en otro sentido podría tenerse por efecto) es la frecuencia con que la Corte Suprema desborda sus atribuciones y dicta resoluciones que escapan del marco de reglas procesales básicas. En la jerga judicial se acostumbra a llamar "supremazos" esta clase de fallos. Mediante ellos se revisan sentencias que la ley no quiso que fueran revisables (como las de la justicia del trabajo), o se altera fundamentalmente una sentencia de tribunal competente sin oír a todos los interesados, o se olvida la fijeza que la ley ha querido establecer para los fallos ejecutoriados. Frente a esta clase de decisiones, las reglas de derecho, especialmente las procesales, parecieran estar demás, y si la misma Corte no accede a reconsiderarlas, no hay autoridad alguna a la cual reclamar.
Otro factor que perjudica también el contenido de los fallos judiciales que emanan del más alto tribunal (y que, en parte, es causa del precedentemente indicado), es la situación de verdadera irresponsabilidad en que han sido colocados sus miembros. Pese a que la Constitución dispone expresamente que todos los magistrados (y no señala excepción) serán personalmente responsables de falta de observancia de las leyes y torcida administración de justicia, una ley especial (artículo 324 del Código Orgánico de Tribunales) ha excluido de esa responsabilidad a los miembros de la Corte Suprema. En alguna ocasión se ha pedido que este precepto legal sea declarado inconstitucional, pero la misma Corte Suprema ha resuelto que no lo es[26]. Esta inconstitucional situación permite la impunidad de eventuales transgresiones de la ley en que los Ministros de la Corte Suprema pudieran incurrir.
Hacer justicia es, antes que nada, procurar igualdad de trato para todos y proteger solícitamente a los más débiles. Para ello es preciso empinarse por sobre diversidades ideológicas, por sobre simpatías o antipatías personales o de grupo, por sobre los intereses propios o de los que están más próximos en la relación social, y mirar a todos los ciudadanos que la soliciten o que la necesiten, sin prevención, con gran amplitud de criterio, no enturbiada por ningún prejuicio o animadversión.
Sólo podremos hablar, por eso, de una verdadera Justicia, en cuanto los encargados de aplicarla sean capaces de imponer una auténtica justicia social, que es la más excelsa expresión de la juridicidad de una sociedad humana.
_________________
[1] Debe entenderse por jueces, en este caso, principalmente a los tribunales superiores y, muy en especial, a la Corte Suprema, por las razones que expresamos en el Nº 185 de esta revista [NOVOA se refiere a la revista Mensaje], en el artículo denominado "La Reforma del Poder Judicial". El régimen autoritario impuesto por. el más alto tribunal y su decisivo papel en las designaciones y ascensos de los jueces, conducen a que el tono que rige para el Poder Judicial sea el que quiere imponer la Corte Suprema.
[2] Diputados de los partidos Socialista y Comunista presentaron a fines de 1967 una acusación constitucional en contra de los miembros de la Corte Suprema y en ella se califica la justicia que se administra por los tribunales chilenos como una justicia de clase.
[3] Ver, para este efecto, el artículo "Juicio a la justicia: obreros de Saba condenados", que se publicó en la edición Nº 185 de esta revista, pág. 623. [NOVOA se refiere a la revista Mensaje].
[4] Así aparece de carta enviada por el dirigente del Partido Demócrata Cristiano, señor Renán Fuentealba, el 10 de febrero de 1962, al señor Sergio Recabarren.
[5] Excede a la posibilidades de una sola persona realizar un examen completo y exhaustivo de todos los fallos de los tribunales superiores de los últimos años y, en todo caso, ello sobrepasaría con mucho el marco de un artículo de esta clase. Por ello nuestro análisis se concentra en un conjunto de resoluciones que nos han parecido significativas y que han sido divulgadas en publicaciones jurídicas o nos ha tocado conocer personalmente. Ciertamente, sobre cada aspecto podrían citarse muchas otras sentencias.
[6] Puede consultarse, sobre el particular, el artículo "Puerto Montt: recado con sangre", en el Nº 177 de esta revista, pág. 102. [NOVOA se refiere a la Revista Mensaje].
[7] Solamente en enero de 1970 fue aceptada la renuncia voluntaria que hizo de su cargo el Ministro mencionado.
[8] En el editorial del Nº 180 de esta revista se reproducen preceptos del Código de Procedimiento Penal que fueron vulnerados con ese allanamiento.
[9] Ver editorial mencionado en la nota 8.
[10] Originalmente, la Corte Suprema se ajustó a la letra y al espíritu de la ley, proclamando en sentencia de 20 de julio de 1933 que "cualesquiera que fueran los errores jurídicos en que los jueces (del trabajo) incurran al interpretar la ley para decidir las cuestiones de hecho y de derecho sometidas a su conocimiento, ellos no constituyen faltas o abusos que afecten el cumplimiento de los deberes de su cargo y puedan corregirse por la vía de la queja". Posteriormente olvidó esa tesis, que es la correcta (no obstante que ella reapareció, ocasionalmente, por mayoría de votos, en la sentencia de 21 de diciembre de 1960) y se erigió en tercera instancia que revisa con supuestas plenas facultades todos los fallos de la judicatura del trabajo, después que ellos han sido competentemente dictados por los jueces del trabajo y han sido revisados por las Cortes del Trabajo.
Es cierto que el art. 28 de la Ley 11.986, de noviembre de 1955, incorporó la Judicatura del Trabajo al Poder Judicial e hizo extensivas a ella las reglas ordinarias del Código Orgánico de Tribunales, y entre éstas, las relativas a la jurisdicción disciplinaria que estatuyen sobre recursos de queja. Pero como ese mismo art. 28 reiteró que se mantendrían las disposiciones del Código del Trabajo relativas a organización de la judicatura especializada, y no derogó el art. 573 de este último, que prohíbe recursos contra los fallos de las Cortes del Trabajo (no obstante que expresamente derogó otros artículos del Código del Trabajo), debe entenderse que aceptó el recurso de queja en contra de las sentencias de las Cortes del Trabajo solamente en cuanto por él se pueden aplicar sanciones disciplinarias a sus Ministros. Nótese que la sentencia de 21 de diciembre de 1960 antes citada es posterior a esta ley.
Por la vía anormal de la queja, la Corte Suprema, por ejemplo, ha llegado hasta a revocar una decisión de la Junta Clasificadora de Empleados y Obreros (que no es propiamente un tribunal) mediante la cual se declaraba que eran empleados y no obreros de Chile Exploration Company 84 trabajadores del cobre de alta especialización. Por mayoría de votos fue acogido el recurso de la mencionada empresa cuprífera.
[11] Ha habido varios Ministros de la Corte Suprema que han dejado expresa constancia de su oposición minoritaria a invadir el campo laboral, que la ley quiso reservar a los tribunales especializados. El Ministro Alfredo Rondanelli, en voto disidente que se inserta en el fallo de 2 de junio de 1933, reiterado posteriormente por él en todos los casos en que la Corte Suprema quiso modificar fallos de los Tribunales del Trabajo, objeta las atribuciones que se arroga la Corte Suprema. El Ministro Luis Agüero reparó la indebida intromisión de la Corte Suprema al modificar por la vía de la jurisdicción disciplinaria sentencias definitivas, redactando al respecto un extenso voto, de tan alto valor doctrinario que mereció ser publicado en la Revista de Derecho y Jurisprudencia como tema de doctrina, en el tomo 46, primera parte, pág. 50. Últimamente, el Ministro Emilio Poblete mantuvo sostenidamente la tesis de que el recurso de queja no ha sido instituido para reformar el contenido de las sentencias, sino exclusivamente para reprimir y castigar disciplinariamente las faltas funcionarias cometidas por los jueces, motivo por el cual no puede ser utilizado para que la Corte Suprema, convertida en una tercera instancia que la ley no admite, modifique las sentencias; con mayor razón si éstas son de la judicatura del trabajo, para las cuales hay precepto expreso que prohíbe todo recurso en su contra. Así consta de la sentencia de 17 de agosto de 1960. Su posición solamente alcanzó éxito ocasional en el fallo de 21 de diciembre del mismo año, citado en la nota 10.
[12] Si con los datos referidos se quieren sacar cálculos en relación con el número de recursos deducidos por cada parte, resulta que mientras de los recursos patronales se acoge casi el 20%, de los recursos de los trabajadores se acoge apenas el 6,2%; lo que también arroja una notable diferencia en contra de estos últimos.
[13] No estará demás consignar que de los miembros del tribunal que fallaron en esa forma, había 2, entre 4, que eran socios del Club de la Unión.
[14] Se considera una garantía elemental, de la que no puede prescindirse en ningún procedimiento judicial regular, por lo menos oír los argumentos de cada una de las partes.
[15] El problema jurídico de los contratos-leyes es hondo y no es posible despacharlo en tan breves líneas como las presentes, destinadas a un público no especializado. Más antecedentes sobre él pueden encontrarse en nuestros artículos sobre ese tema publicados en El Mercurio de 15 de junio de 1967 y en la Revista de Derecho y Jurisprudencia, tomo 63, sección primera, pág. 355.
[16] La defensa de la Sucesión Méndez Brañas invocó, como una muestra de amplia aceptación de su tesis por la Corte Suprema el hecho de que dos de los tres Ministros de la Corte de Apelaciones que la acogieron, fueran ascendidos a la Corte Suprema al poco tiempo. Fueron los señores Sanhueza y Pomés.
[17] Esta resolución se adoptó contra los votos de los Ministros Montero y Méndez.
[18] Ver en el NQ 185 de esta revista, pág. 637, el artículo "¿Quién responde por las torturas?".
[19] Declaraciones que se atribuyeron al Ministro señor José Cánovas en el diario El Mercurio, de 28 de noviembre de 1969.
[20] No es posible aquí profundizar en conceptos técnicos que demuestran lo inusitado de esta decisión y las objeciones de orden estrictamente legal que podrían formulársele.
[21] Una encargatoria de reo, que era lo pedido, no significa declarar penalmente culpable al querellado, sino, apenas, abrir paso a la iniciación de un juicio penal.
[22] Es importante hacer notar que tratándose de acciones fraudulentas que causan perjuicio, el Código Penal es muy amplio para reprimirlas. Cualquier defraudación o perjuicio que se cause a otro mediante engaño, constituye delito de acción pública, que los tribunales deben perseguir de oficio.
[23] Para los efectos de un análisis jurídico más profundo de este desafortunado fallo de la Corte Suprema de 12 de septiembre de 1967, nos remitimos al comentario especializado que publicamos sobre él en el tomo 26 Nº 3, pág. 287, de la Revista de Ciencias Penales, correspondiente a septiembre-diciembre de 1967.
[24] Ver párrafo final del artículo de esta revista que se menciona en la nota 1.
[25] Conceptos extraídos de la respuesta de la Corte Suprema a la acusación constitucional que en contra de sus miembros entablaron diez parlamentarios socialistas y comunistas a fines de 1967.
[26] El reputado jurista don Daniel Schweitzer pidió a la Corte Suprema, en 1932, que fuera declarado inconstitucional el artículo 324 antes aludido, pero su petición fue desechada por sentencia de 10 de octubre de ese año.
*Texto extraído del Blog www.manuel-de-rivacoba.blogspot.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario